Aqui No Se Rinde Nadie... La Lucha ContinuaAqui No Se Rinde Nadie... La Lucha Continua
El Silencio. Centro Simon Bolivar. Edificio Sur. Extremo Oeste. Pisos 1 y 2
Distrito Capital Venezuela
Caracas
02124829452
02124826035
crea tu página web gratis

QUIENES SOMOS

El Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos, Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de la Salud, la Asistencia y el Desarrollo Social (SUNEP-SAS), tiene una sólida estructura a nivel nacional constituida de la siguiente manera: Un Comité Ejecutivo Nacional y sus Órganos Autónomos (1 Tribunal Disciplinario, 1 Contraloría Sindical y 1 Comisión Electoral Nacional Permanente); este Comité Ejecutivo Nacional esta conformado por 47 dirigentes sindicales, 27 Juntas Directivas Seccionales estructuradas en un promedio de 11 directivos principales y 5 Vocales, 27 Tribunales de Instrucción, 310 Subseccionales las cuales se corresponden con 2.240 Delegados, para una base de 32 mil afiliados voluntariamente de una nómina de 43 mil empleados distribuidos por todo el país; también tenemos el Instituto Nacional de Formación Integral (INFI).

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social ahora Ministerio del Poder Popular Para la Salud, tiene bajo su adscripción Institutos Autónomos con personalidad jurídica: Hospital Universitario de Caracas (HUC), Instituto Nacional de Higiene (INH), Instituto Nacional de Nutrición (INN) e Instituto Nacional de Geriatría (INAGER); cada uno de sus sindicatos hacen vida común con nosotros (Sindicatos hermanos) más 14 Gremios Profesionales y Técnicos adherentes a nuestro Contrato Colectivo.

Al cumplirse XXV aniversario de su Fundación, nuestra organización sindical se ha desatacado por estar debidamente legitimada, a través de los procesos de adecuación y de elecciones de base, cuyo reconocimiento ha sido refrendado por los organismos competentes, por ser pionera en la discusión de Convenciones Colectivas y fundamentalmente por mantener una posición vertical en la lucha por la defensa de los trabajadores del sector salud; lo cual, nos impone profundizar y estrechar aun mas nuestra relación no solo con nuestros afiliados sino con su entorno familiar, lo que implica dirigirnos mas que al aspecto meramente económico, al aspecto eminentemente social.

El SUNEP-SAS es reconocida como una organización democrática en proceso de transformación, de una estructura flexible, adaptativa y vanguardista con capacidad de brindar distintas alternativas de crecimiento personal, sindical y técnico profesional, con un sistema de bases de poder definidas, desarrollo de gestión cooperativa, innovación en los procesos y desarrollo de modelos y estrategias de gestión que promueva la participación activa.

Características que obligan al dirigente a funcionar en un sistema a la vez técnico y social que se irá volviendo paulatinamente más complejo, dinámico, interrelacionado y sinérgico. Obviamente l@s dirigentes, deberán conocer a fondo toda la organización y estar en capacidad de planificar y actuar según los desafíos, hechos y tendencias reales fundamentados en las estrategias del sindicato: defender nuestros valores, luchar por eliminar los estereotipos y educar hombres y mujeres inteligentes y creativos, luchar por espacios en los que las personas sean reconocidas en su integridad y hacer del movimiento sindical una institución mas capaz de comprender la diversidad de sus miembros.

Es necesario destacar que en el SUNEP-SAS, la mayoría de la dirigencia esta conformada por mujeres altamente competitivas, con las mismas posibilidades formales y prácticas para participar en las decisiones y asumir responsabilidades; ya que, la democracia implica igualdad de oportunidades y actuación. Pero la verdadera prueba no es que la mayoría seamos mujeres, lo pertinente es determinar nuestra capacidad como dirigentes para atender y dar respuestas oportunas a nuestr@s afiliad@s, aportar nuevas opciones y propuestas de cambios, mejoras e innovaciones.

Por las razones antes expuestas, consideramos que debería plantearse un enfoque alternativo en conceptualizar la igualdad de tratamiento entre el hombre y la mujer; una demanda de equivalencias y la diversidad de valores, en lugar de apuntar a una simple igualdad, porque insistir en la igualdad de oportunidades por decreto o reformas legales puede percibirse como un medio de encarar una deficiencia en la mujer o problemas de estructuras organizativas, normas, etc. También puede pensarse que consiste en medidas favorables a la mujer para ayudarla a adaptarse a las estructuras existentes y funcionar en ellas, una concepción más amplia vería un desafío a esas estructuras

En todo caso estamos orientados a cambios en la organización. Lo importante es que somos líderes comprometidos con estrategias de desarrollo, basadas en el reconocimiento pleno de todas las personas y comprometid@s para que cada ser humano pueda desarrollar al máximo sus capacidades.

NUESTRO VINCULO CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

LA INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (ISP)

Es una federación sindical mundial, que representa a 20 millones de trabajador@s de los servicios públicos y afiliad@s a 603 0rganizaciones sindicales de 147 países de todo el mundo. Esta organización no gubernamental reconocida para el sector público en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, tiene condición consultiva en la ECOSOC y es observadora en otros organismos de la ONU y a la cual está afiliado el SUNEP-SAS. La Coordinación de Proyecto de Formación y Organización de Mujeres Andinas funciona en la ciudad de Quito-Ecuador bajo la responsabilidad de la compañera Verónica Montúfar, quien ha demostrado una gran sensibilidad e incorporado importantes elementos para el desarrollo del Proyecto.

UNIVERSIDAD ANDINA "SIMÓN BOLÍVAR” (QUITO-ECUADOR)

Institución académica de nuevo tipo, creada con una perspectiva renovada para afrontar los desafíos que se presentan en el siglo XXI. En su concepción y establecimiento confluyeron la centenaria experiencia del desarrollo de la educación superior en los países andinos y las iniciativas de renovación e integración universitaria a nivel internacional. Como centro de excelencia se dedica a la investigación, enseñanza y prestación de servicios, especialmente para la transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos. El norte es fomentar el espíritu de cooperación y coordinación entre las universidades de la subregión y coadyuvar a la realización y al fortalecimiento de los principios de la Comunidad Andina. Como centro académico destinado a la cooperación internacional y a la integración, su eje fundamental es la reflexión sobre América Andina, cultura, proceso de integración, desarrollo científico y tecnológico. Estudia la experiencia andina en la historia y el papel de la sub-región en América Latina y el mundo.

La ISP firmó un Convenio Interinstitucional con la UASB, para ejecutar el Programa de Formación de Educador@s Sindicales y Dirigent@s, que se desarrolló en tres fases de 15 días presénciales y 04 meses virtuales cada una, una vez al año, durante el período 2006-2008. El objetivo es fortalecer las capacidades de este grupo que viene en proceso de formación en la ISP desde el año 2002 dentro del Proyecto Mujeres Andinas, para aumentar la calidad y los resultados del trabajo sindical socio-político y perspectiva de género desde distintos áreas: Educación, Derechos Humanos y Gestión

VINCULOS INTERNACIONALES: CAMPAÑAS Y JÓVENES

CAMPAÑA DE EQUIDAD SALARIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD.

En el año 2.002, la ISP inicia un Proyecto de Equidad Salarial con la figura de Campaña Mundial en el Congreso Mundial de la ISP realizado en Canadá (abril de 2002) Considerando que la Equidad Salarial es un derecho humano básico y una cuestión de justicia social. La Equidad Salarial persigue la igualdad de retribución por el mismo trabajo, demanda que se dé un salario igual a aquellos trabajos de igual valor. Cuando varios empleos requieren el mismo nivel de capacitación y los mismos requisitos y esfuerzos, deberían recibir la misma remuneración y las mismas condiciones de trabajo. La dirigenta Jeannette Piñango como Responsable de la Campaña de Equidad Salarial ISP-Venezuela, por decisión del equipo de responsables de la Región Andina, fue seleccionada para esta Campaña.

En este mismo evento se da inicio a otra campaña mundial sobre "Servicios Públicos de Calidad”, la cual tiene como propósito divulgar su importancia y establecer mecanismos que permitan mejorar los mismos. En lo que se refiere a los países andinos: Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Aruba, la ISP cuenta con los Comités Nacionales y los Comité de Mujeres. El comité consultivo sub-regional asesora en la identificación de necesidades y prioridades locales. La dirigenta Cándida Inés Lucena, fue seleccionada Representante de la Sub-región Andina para el Grupo de Trabajo sobre el Sector Público y luego de dos años de trabajo, reuniones, análisis y debates, presentó una Propuesta de Capacitación Para la Campaña a Favor de los Servicios Públicos de Calidad, por cuanto esta es una de las principales preocupaciones para los sindicatos de estos sectores. Los servicios públicos de buena calidad requieren trabajador@s de buena calidad; esto significa, salarios decentes, condiciones de trabajo dignas, facilitar la formación y el desarrollo de sus capacidades, así como la oportunidad de promoción y ascenso.

La calidad en los servicios públicos está estrechamente ligada a la Equidad Salarial, si el trabajo y las capacidades de las mujeres y hombres de estos servicios están infravalorados, la calidad del servicio que prestan también lo estará. En la evaluación Sub-regional anual, realizada en diciembre de 2006, con la participación de Freddy Picio, como representante de las Juntas Directivas, María Teresa Martínez, en su condición de Coordinadora del Comité Nacional de Mujeres, Linerby Sánchez como representante del curso de especialización de la UASB por Venezuela y Jeannette Piñango por ser la Responsable de la Región Andina de la Campaña de Equidad Salarial, conjuntamente con l@s correspondientes representaciones de los países Andinos, acordaron fusionar ambas campañas con el nombre de Campaña de Equidad Salarial con perspectiva de Género y Servicios Públicos de Calidad, como objetivo prioritario a partir de ese momento.

MENTORÍA DE JÓVENES

La ISP, inicia este Programa al comprobar que la falta de creación de nuevos empleos y las condiciones de subcontratación, de trabajo precario, inestabilidad, inseguridad social, que se ofertan para l@s jóvenes, se debe a que los países latinoamericanos en particular los pertenecientes a la sub-región Andina, son económica y políticamente dependientes, que han adoptado un modelo de desarrollo basado en el mercado global. Observando que en nuestros países ha avanzado la flexibilización laboral que ha afectado el derecho de organización, contratación colectiva, huelga, estabilidad, seguridad social y salario digno. Fenómeno laboral que ha afectado negativamente particularmente a los y las jóvenes que en la gran mayoría no tienen acceso a derechos laborales; el desempleo, subempleo, subcontratación, en definitiva la situación precaria del empleo juvenil son condiciones estructurales y de carácter mundial, no únicamente están presentes en Venezuela.

Asimismo evidenció que la participación laboral de los y las jóvenes al interior de los servicios públicos esta en las áreas de mayor desprotección y desregulación laboral.

Así mismo se reflexionó sobre las necesidades que tienen los y las jóvenes frente a la sociedad y al mundo del trabajo, planteando como una alternativa el conocimiento y la defensa de las normas internacionales del trabajo como una plataforma de defensa de los derechos laborales, que revisten particular importancia para la juventud así como una oferta atractiva para la participación ya que el mundo del empleo público no reviste suficientes incentivos, ya que la estabilidad y la seguridad social, aún cuando están plasmadas en las leyes, en la práctica está eliminada, por lo cual se hace necesario su acompañamiento para su incorporación al sector sindical con la respectiva formación.


LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos. Creada en 1919, y es el único resultado importante que aún perdura del Tratado de Versalles que dio origen a la Sociedad de Naciones; en 1946, se convirtió en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas.

La OIT formula normas internacionales del trabajo, que revisten la forma de convenios y de recomendaciones, por las que se fijan unas condiciones mínimas en materia de derechos laborales fundamentales: libertad sindical, derecho de sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, igualdad de oportunidades y de trato, así como otras normas por las que se regulan condiciones que abarcan todo el espectro de cuestiones relacionadas con el trabajo. Presta asistencia técnica, principalmente en los siguientes campos:

• Formación y rehabilitación profesionales;
• Política de empleo;
• Administración del trabajo;
• Legislación del trabajo y relaciones laborales;
• Condiciones de trabajo;
• Desarrollo gerencial;
• Cooperativas;
• Seguridad social;
• Estadísticas laborales, y seguridad y salud en el trabajo.

Fomenta el desarrollo de organizaciones independientes de empleador@s y de trabajador@s, y les facilita formación y asesoramiento técnico. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OIT es la única organización que cuenta con una estructura tripartita, en la que trabajador@s y los empleador@s participan en pie de igualdad con los gobiernos en las labores de sus órganos de administración. La libertad sindical y la negociación colectiva se encuentran entre los principios fundacionales de la OIT. Poco después de la adopción de los Convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva, la OIT llegó a la conclusión de que, el principio de libertad sindical requería otros procedimientos de control para garantizar su cumplimiento en los países que no habían ratificado los convenios pertinentes. Como consecuencia de ello, en 1951, la OIT creó el Comité de Libertad Sindical (CLS) con el objetivo de examinar las quejas sobre las violaciones de la libertad sindical, hubiese o no ratificado el país concernido los convenios pertinentes.

SUNEP-SAS, como organización sindical de avanzada, ha presentado la queja formal de las múltiples violaciones a derechos humanos fundamentales (laborales-sindicales) a los tratados y convenios internacionales y legislación nacional que regula la materia y las agresiones de distintas naturaleza a que se ha sometido a nuestr@s dirigent@s y trabajador@s. Es necesario destacar el importante apoyo brindado por el equipo de Directivos y Especialistas de la Oficina Regional que funciona en Lima-Perú, especialmente el amigo Oscar Valverde.

GENESIS DEL SUNEP-SAS

Hablar del SUNEP-SAS como organización sindical, nos llena de entusiasmo y de alegría el recordar sobre unas jornadas estimulantes, que fueron fortaleciendo a diario el espíritu y propósito de nuestras luchas, nos hace sentir la mayor de las satisfacciones declarar al mundo que nuestro Sindicato es uno de los pioneros en la lucha de los Empleados Públicos por sus reivindicaciones.

Para el año 1.964, los Empleados Públicos no teníamos derecho a la sindicalización, es por ello que decidimos constituir una organización sin fines de lucro siguiendo instrucciones de la UNION NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS (UNEP), cuyo Presidente Virgilio Pisani, en actividad conjunta con José Rafael Monágas, Edmundo García, Juan Díaz, Pedro José Calma Calma, Dr Aquiles Lugo Jiménez (Tiburón) entre otros, comandaban dicha institución. Fue entonces cuando nos integramos a la UNEP del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (UNEP-SAS), cuya directiva estaba integrada por: Salomón Gazcón, Atilio Noguera Ayala, Orlando Castro, Eduardo Villegas, Felipe Núñez Tenorio, Vicente Rodríguez, Luis José Hernández, José Campos y Oscar Valecillos entre otros. En 1.968 se realizarón las primeras elecciones, quedando estructurada de la siguiente manera: Secretario General (Orlando Castro), Secretario de Organización (Atilio Nogüera Ayala), Secretario de Reclamos (Eduardo Villegas)y Secretario de Finanzas (Felipe Núñez Tenorio) entre otros.

Así con esa estructura, comenzamos la lucha por las reivindicaciones de los Empleados del Sector Salud, inicialmente por el derecho a la sindicalización, por eliminar la jornada laboral los días sábados, por el derecho a las prestaciones sociales, por el ambiente en el trabajo, por la Ley de Carrera Administrativa, entre las más importantes. Es relevante señalar que, para esa época, no teníamos derecho a Prestaciones Sociales, solo nos daban la celebre Carta u Oficio de "muchas gracias por los servicios prestados”. Esta era la realidad de los Empleados Públicos.

Logramos la eliminación de la jornada laboral del día sábado (personal administrativo) y algunas consideraciones en relación al ambiente de trabajo, posteriormente nos concentramos en acciones de presión, como la toma del Congreso de la República hacia la aprobación de la Ley de Carrera Administrativa. Destacándose en esta gesta los compañeros de la Zona X de Malariología, encabezado por el compañero Ángel Acosta, Ingenieros, Arquitectos y la estructura sindical de Caracas. Con este espíritu de lucha logramos reivindicaciones importantes: 1o) el derecho a las prestaciones sociales 2 o) la Ley de Carrera Administrativa y 3 o) el derecho a sindicalizarnos. En septiembre de 1.971, nos legalizamos ante la Oficina de Registro de Sindicatos del Ministerio del Trabajo de Funcionarios Públicos, quedando registrado con la Certificación del 08 de octubre de 1.971, bajo el Número 17, Folio 17, y cuya primera directiva quedó constituida de la siguiente manera: Secretario General (Orlando Castro), Secretario de Organización (Atilio Nogüera Ayala), Secretario de Reclamos (Eduardo Villegas) y Secretario de Finanzas (Felipe Núñez Tenorio), Secretario de Actas y Correspondencias (Luis José Hernández), Secretario de Previsión Social (José Rafael Reyes), Secretario de Cultura y Deportes (Armando Zapata; VOCALES: 1er Jorge Rodríguez, 2do Vicente Rodríguez y 3er Ángel Acosta; TRIBUNAL DISCIPLINARIO (PRINCIPALES) 1er Freddy Lárez, 2do Ramiro Sierralta y 3er Luis Márquez;(SUPLENTES)1er Efraín González, 2do José J Tovar y 3er Freddy Piccio.

Luego iniciamos la lucha por la Contratación Colectiva, que tuvo su origen en las 03 (tres) Actas Convenios suscritas con las autoridades y cuyos acuerdos salían en Gaceta Oficial, a fin de darle cumplimiento legal. Fue entonces cuando comenzamos un trabajo organizativo estructural exhaustivo, donde incorporamos Seccionales y Delegaciones de Centro para darle forma organizativa al Sindicato y llevamos a cabo nuestro Primer Congreso de Empleados de la Salud (SUNEP-SAS), realizado en la Ciudad Vacacional de Los Caracas del 01 al 04 de Abril de 1.972; es precisamente allí, donde nace el primer Proyecto de Contratación Colectiva, nuevas estructuras y la adaptación de los Estatutos a la realidad del movimiento.

PRIMERA DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO

ASAMBLEA NACIONAL

"Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral

Caracas, 22 de abril de 2003

Ciudadano
Dip. Francisco Ameliach
Presidente de la Asamblea Nacional
Su Despacho.

Nosotros: José Khan, Nicolás Maduro, Ángel Rodríguez y Luis Franceschi, diputados principales de esta Asamblea Nacional, en representación del Distrito Capital, estado Anzoátegui y estado Bolívar, respectivamente, actuando para este acto de conformidad con lo pautado en el artículo 204 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo pautado en los artículos 132 y 137 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, ocurrimos ante su competente autoridad a los efectos de presentar formalmente el "Proyecto de Ley de Reforma de Ley Orgánica del Trabajo” a los efectos de ley pertinente.

Sin más a que referirnos.

Por la Asamblea Nacional:

Diputado José Khan, Diputado Luis Franceschi, Diputado Nicolás Maduro, Diputado Ángel Rodríguez

Exposición de Motivos

La República Bolivariana de Venezuela es un Estado comprometido en lograr la plena vigencia de todos los derechos humanos, especialmente de aquellos de naturaleza laboral y sindical. Su Constitución reconoce expresamente estos derechos fundamentales, estableciendo los principios de igualdad y no discriminación, interdependencia, indivisibilidad y desarrollo progresivo, especialmente de aquellos conocidos como derechos humanos económicos y sociales; asimismo, la nueva Carta Magna, de conformidad con su artículo 23, otorga rango supraconstitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) particularmente los Convenios números 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182 de esta organización internacional pública. En la actualidad el Estado venezolano se encuentra en un proceso de adecuación de toda su legislación e instituciones a los fines de ajustarlos a los contenidos de la nueva Constitución política y a los compromisos internacionales de la República, con el objeto de asegurar el pleno disfrute y ejercicio de los derechos humanos para todos. Se trata de un proceso dirigido a superar la exclusión social estructural que afectó a cientos de miles de personas, producida por las políticas públicas ejecutadas por gobiernos anteriores. En tal sentido, La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el numeral 3, una reforma integral en cuanto a las siguientes instituciones: Prestaciones Sociales, Prescripción de las Acciones relativas a las Prestaciones Sociales y Regulación y Reducción de la Jornada Laboral en los términos previstos en los acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por la República. (Violación de los convenios 87 y 98 sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva). Este es el objeto y la finalidad de la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 95, 96 y 97 reconoce expresamente los derechos de todos los trabajadores sin distinción alguna a la libre sindicación, a la libertad sindical, a la protección adecuada contra los actos de discriminación e injerencia antisindical y a las negociaciones colectivas voluntarias. Adicionalmente, confiere rango supraconstitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, entre ellos los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconocen derechos inherentes a la dignidad de la persona, entre ellos, el Convenio N° 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación y el Convenio N° 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva. Asimismo, ordena a todos los órganos del Estado, incluidos los cinco Poderes Públicos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral), así como de los tres niveles público-territoriales (República, estados y municipios), la ejecución inmediata y directa de estos tratados internacionales después de ratificados por la República, sin necesidad de que sean desarrollados mediante leyes o actos administrativos. En otras palabras, se trata de obligaciones de ejecución y respeto inmediato.

Desde su origen, la Ley Orgánica del Trabajo (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° Ext. 4.240 de fecha 20 de diciembre de 1990) incluyó dentro de sus normas diferentes regulaciones que menoscababan y violaban los derechos humanos laborales y sindicales de los trabajadores y trabajadoras, reconocidos expresamente en los Convenios N° 87 y N° 98. Dichas normas vulneraban, entre otros, los derechos humanos a la libre sindicación, a la libertad sindical, de huelga, a la protección adecuada contra los actos de discriminación e injerencia antisindical y a las negociaciones colectivas voluntarias.

Antes de aprobarse el Proyecto de la Ley Orgánica del Trabajo, diversas organizaciones, corrientes y movimientos sindicales denunciaron que ésta contenía artículos que vulneraban abiertamente los derechos humanos de los trabajadores. Normas que imponían obstáculos insalvables y restricciones arbitrarias al ejercicio de los derechos laborales de naturaleza colectiva, despojando a los trabajadores de sus herramientas más importantes para la defensa de sus intereses frente a los patronos, tales como la libertad de asociarse y organizarse, el derecho de huelga y las negociaciones colectivas. Sin embargo, a pesar de la solidez académica de estas críticas y de los aportes presentados por estos sectores, el extinto Congreso de la República hizo caso omiso de las mismas, aprobando la nueva Ley Orgánica del Trabajo, mientras la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) guardaba un silencio sobre la materia.

La Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue uno de los primeros órganos internacionales que advirtió a las autoridades del Gobierno Nacional y del extinto Congreso de la República, acerca de los artículos de la Ley Orgánica del Trabajo que menoscababan las libertades fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Durante años esta instancia internacional incluyó en sus informes serias y contundentes observaciones dirigidas a las autoridades nacionales, a los fines de que fueran reformados con rapidez los contenidos de esta Ley que vulneraban los derechos humanos laborales y sindicales.

Posteriormente, fue el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el órgano que, al momento de conocer reiteradas denuncias presentadas por las organizaciones sindicales, advirtió al Gobierno Nacional y al extinto Congreso de la República sobre la gravedad de las normas de la Ley Orgánica del Trabajo que violentaban abiertamente los derechos fundamentales de los trabajadores, y acerca de la urgente necesidad de modificarlas a los fines de ajustarlas a los compromisos internacionales del Estado derivados del Convenio N° 87 y N° 98. Desde esta perspectiva, una de las denuncias más sólidas presentada ante este Comité fue la reclamación incoada por la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), en la cual se exigía la urgente reforma de diversos artículos de la Ley Orgánica del Trabajo, en virtud de que contravenían los derechos humanos laborales y sindicales tanto de patronos como de trabajadores, conocido como el Caso número 1.612 del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De forma paralela, en el ámbito nacional las organizaciones de derechos humanos, de naturaleza no gubernamental, también denunciaron constantemente que la Ley Orgánica del Trabajo contenía normas que violentaban gravemente las libertades fundamentales de los trabajadores, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 31.256 del 14 de junio de 1977), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° Ext. 2.146 del 28 de enero de 1977), así como de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Inclusive, las organizaciones de derechos humanos presentaron estas críticas y propuestas de reformas a la Ley Orgánica del Trabajo en las reuniones preparatorias de trabajo del Primer Encuentro de las ONG's con el Ejecutivo Nacional , convocado por la Presidencia de la República entre los años 1996 y 1997. Allí presentaron sus observaciones a la Ley Orgánica del Trabajo, identificando con precisión los artículos que menoscababan los derechos fundamentales de los trabajadores y proponiendo posibles alternativas para modificar las normas cuestionadas. Particularmente conviene recordar la contundencia de las opiniones y peticiones formuladas por la coalición Foro por la Vida, que agrupa a organizaciones no gubernamentales de promoción y defensa de los derechos humanos.

Todos estos organismos internacionales y organizaciones sociales nacionales exigían la reforma de diversos artículos de la Ley Orgánica del Trabajo que vulneraban los derechos humanos laborales y sindicales. Sin embargo, paradójicamente a nivel interno, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, así como las asociaciones empresariales silenciaron las recomendaciones formuladas por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo aprobada con su aval en el año 1997.

La República Bolivariana de Venezuela, a través de la Asamblea Nacional y del Poder Ejecutivo Nacional, reconoce que existe una mora de más de doce años con los derechos humanos laborales y sindicales de los trabajadores y trabajadoras, especialmente aquellos de naturaleza colectiva. Considera que desde la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo en el año 1990 se han violado los compromisos internacionales del Estado derivados del Convenio N° 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación y del Convenio N° 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva de la Organización Internacional del Trabajo, toda vez que esta Ley contiene normas abiertamente incompatibles con estos tratados internacionales. Advierte que en muchas y reiteradas oportunidades los órganos formales de control de esta organización internacional han solicitado la reforma de esta Ley a los fines de adecuarla a los contenidos mínimos de los derechos a la libre sindicación, de libertad sindical, a la protección adecuada contra los actos de discriminación e injerencia antisindical y a las negociaciones colectivas voluntarias. Y, finalmente, ha podido observar que ésta también ha sido una exigencia reiterada de las organizaciones de derechos humanos nacionales, así como de las organizaciones, corrientes y movimientos sindicales autónomos y libres.

Por estas razones, la República Bolivariana de Venezuela, en su condición de Estado comprometido en lograr la plena vigencia de todos los derechos humanos, especialmente de aquellos de naturaleza laboral y sindical, ha decidido realizar una reforma a la Ley Orgánica del Trabajo para adecuarla a los tratados internacionales sobre derechos humanos, especialmente a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y al mandato constitucional contenido en la disposición transitoria cuarta, numeral 3 de nuestra Carta Magna.

Para lograr este cometido, el Gobierno Nacional solicitó y aceptó voluntariamente que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) designara una Misión de Contactos Directos, para facilitar el proceso de adecuación de la Ley Orgánica del Trabajo a los contenidos del Convenio N° 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación y del Convenio N° 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva. La Misión de Contactos Directos estuvo invitada en el territorio nacional durante los días 6 al 10 de mayo del 2002, tiempo que se empleó para realizar diversas reuniones con representantes de la Asamblea Nacional y del Poder Ejecutivo Nacional, así como con múltiples actores sociales, lo que permitió comprender con mayor precisión los contenidos y alcances de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. El equipo técnico de esta Misión de Contactos Directos brindó información valiosa, confiable y directa acerca de las normas que deben ser modificadas, a los fines de ajustarlas a los compromisos internacionales de la República. La contribución de la Misión de Contactos Directos debe valorarse de forma positiva dentro del marco de la cooperación técnica internacional.

El Proyecto de Ley de Reforma a la Ley Orgánica del Trabajo se circunscribe a modificar los artículos de esta Ley que han sido cuestionados por la Organización Internacional del Trabajo, las organizaciones de derechos humanos nacionales y las organizaciones, corrientes y movimientos sindicales autónomas y libres, a los fines de adecuarlos al Convenio N° 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación y al Convenio N° 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva de la Organización Internacional del Trabajo. Adicionalmente, parece conveniente también adaptar las disposiciones referidas con la representación de los trabajadores en la gestión de la empresa, previstas en el Título X de la Ley Orgánica del Trabajo, a los fines de adecuarlas a los compromisos internacionales de la República, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, especialmente, con el Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente publicado en la Gaceta Oficial N° 36.904 del 02 de marzo del 2000. De más está decir que por la naturaleza de las modificaciones propuestas, la Reforma Parcial a la Ley Orgánica del Trabajo no generará ningún gasto o inversión adicional de recursos públicos.

La República Bolivariana de Venezuela se encuentra en una etapa crucial, que requiere del esfuerzo del Poder Legislativo para elaborar leyes que protejan y beneficien a la comunidad nacional; en ocasiones debe reformar las existentes, para adaptarlas a la realidad jurídica y social que vivimos. La novísima Ley Orgánica Procesal del Trabajo nos obliga a actualizar la Ley Orgánica del Trabajo, con el fin de acoplar las leyes sustantivas y adjetivas, como debe ser. Del mismo modo, se hace necesario atender los compromisos contraídos por la República, adecuando nuestra ley sustantiva a los convenios suscritos y ratificados con los organismos internacionales del trabajo.

En este orden de ideas, nuestra Constitución garantiza la protección del trabajo como hecho social y por ende de los trabajadores como actores principales de ese hecho, obligando a la Ley a disponer lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadore

RESOLUCIONES DE LAS DELEGACIONES DE TRABAJADORES ASISTENTES A LA 98 CONFERENCIA DE LA OIT / GINEBRA SUIZA (JUNIO 2009)

CONCLUSIONES DE LA COMISION DE GENERO
Introducción
1. Se reconoce universalmente que la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo es un valor fundamental de la Organización Internacional del Trabajo. Desde 1919, pasando por, la Constitución, las normas internacionales del trabajo y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998, y las distintas resoluciones de la Conferencia Internacional del Trabajo y decisiones del Consejo de Administración relativas a la igualdad de género, hasta la Declaración de la OIT sobre la justicia social para un globalización equitativa de 2008, un objetivo común es eliminar la discriminación por razón de sexo en el trabajo y promover la igualdad de género.

2. Durante las últimas décadas se han realizado progresos para promover la igualdad de género en el mundo del trabajo. En las declaraciones de política internacionales y
regionales se ha expresado un firme respaldo al respecto. En muchos países se han
mejorado los marcos de política y legislativos nacionales, así como la aplicación de las
leyes. En algunos países, los sistemas de administración del trabajo y de inspección del
trabajo han supervisado y/o controlado mejor la aplicación de la legislación relativa a la
igualdad de género. Muchos empleadores, grupos de empleadores, sindicatos y sus
organizaciones han promovido la igualdad de género. Muchos empleadores y grupos de empleadores han promovido la igualdad de género por iniciativa propia, más allá de las exigencias de la legislación. Existe un mayor conocimiento de los derechos de los
trabajadores a la igualdad de oportunidades y de trato. Muchos gobiernos han adoptado políticas activas del mercado de trabajo en las que se tratan las desigualdades de género en el marco de los objetivos más amplios del crecimiento con alto coeficiente de empleo, así como el pleno empleo y el trabajo decente y las empresas sostenibles. Actualmente, en todo el mundo se reconoce que la igualdad de género es necesaria para el desarrollo sostenible y para reducir la pobreza de las personas de uno y otro sexo, lo que contribuirá a un mejor nivel de vida para todos.

3. Sin embargo, siguen planteándose desafíos importantes. Las mujeres constituyen un grupo diverso en el que hay trabajadoras de la economía informal, mujeres rurales, migrantes, indígenas, pertenecientes a minorías y jóvenes, las cuales tienen necesidades específicas. La pobreza afecta cada vez más a las mujeres, persisten las disparidades salariales entre hombres y mujeres y escasean todas las formas de trabajo, entre ellas el trabajo a tiempo completo. En el mercado de trabajo se produce con frecuencia la discriminación basada en el embarazo y la maternidad, y continúa la segregación horizontal y vertical. Las mujeres predominan en los empleos a tiempo parcial de modo involuntario. A lo largo de la vida de la mujer, las fases de transición también suelen plantear problemas específicos. A pesar de los avances logrados en el ámbito de la educación, las mujeres siguen siendo mucho más numerosas en los puestos mal remunerados; están insuficientemente representadas en los cargos ejecutivos, directivos y técnicos, y muchas se enfrentan a condiciones de trabajo deficientes; la violencia por razón de género se produce en todas las etapas de la vida de la mujer; en algunos casos el trabajo doméstico remunerado ha sido una de las pocas alternativas para las mujeres, en particular las migrantes, y el VIH y el SIDA afectan cada vez más a las mujeres jóvenes y pobres. Es importante crear las condiciones para la participación activa de los hombres en las responsabilidades familiares para atender la necesidad de conciliar la vida laboral y personal, especialmente en lo que respecta al cuidado de los hijos y de las personas dependientes. Un mayor número de mujeres que de hombres trabajan en la economía informal, donde la escasez de trabajo decente es más grave. La falta de seguridad social, la brecha salarial entre mujeres y hombres, las bajas remuneraciones en general, las condiciones de trabajo inadecuadas, la explotación y el 13/74 ILC98-PR13-141-Sp.doc abuso, como el acoso sexual, y la ausencia de protagonismo y representación se agravan en el caso de las mujeres debido a las obligaciones adicionales derivadas de sus responsabilidades familiares y la falta de acceso a los recursos y servicios asequibles. Los esfuerzos encaminados a formalizar la economía informal beneficiarán especialmente a las mujeres. Para formalizar la economía informal se requiere una combinación de políticas que tengan en cuenta los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, esto es, el empleo, la protección social, el diálogo social y el tripartismo, y los principios y derechos en el trabajo.

MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL TRABAJO
4. La igualdad de género es una cuestión de justicia social y se funda en un enfoque basado en los derechos y la eficiencia económica. Cuando todos los actores de la sociedad pueden participar, hay muchas más probabilidades de lograr la justicia social y la eficiencia económica, así como el crecimiento económico y el desarrollo. Se han de determinar y salvar los obstáculos culturales, económicos y sociales a fin de lograr el respeto de los derechos humanos de la mujer. La discriminación por razón de sexo a menudo interactúa con otras formas de discriminación. Habría que establecer políticas y programas para hacer frente a las múltiples formas de discriminación contra la mujer. Existe una estrecha vinculación entre las tasas de fecundidad, una mejor educación, la elevada participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y las políticas de no discriminación destinadas a alcanzar un equilibrio entre las responsabilidades laborales y familiares. Nunca se recalcarán lo suficiente las ventajas que se obtendrían de lograr la igualdad de género facilitando el acceso a una educación de calidad y al desarrollo de las calificaciones, a la formación profesional y al aprendizaje permanente para crear una fuerza de trabajo competitiva. Se podrá lograr el trabajo decente cuando existan oportunidades de empleo productivo y de calidad para las mujeres y los hombres. Las estrategias deberían tener en cuenta la perspectiva del ciclo de la vida, prestando especial atención a las situaciones de transición en la vida de las mujeres y los hombres.

5. El acoso sexual y otras formas de acoso son formas graves de discriminación extendidas en todo el mundo que socavan la dignidad de mujeres y hombres, niegan la igualdad de género y pueden tener consecuencias importantes. Debería prohibirse la violencia por razón de género en el lugar de trabajo; para prevenirla, convendría aplicar políticas, programas, legislación y otras medidas, según proceda. El lugar de trabajo es un sitio propicio para las actividades de prevención mediante la educación de las mujeres y los hombres sobre la naturaleza discriminatoria del acoso y sus consecuencias en la productividad y la salud. Debería abordarse mediante el diálogo social, con inclusión de la negociación colectiva, según corresponda, a nivel empresarial, sectorial o nacional.

LOS HOMBRES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
6. Las medidas destinadas a conciliar el trabajo y la familia no se dirigen únicamente a las mujeres, sino también a los hombres. Diversas medidas nuevas (como el establecimiento de la licencia de paternidad y/o la licencia parental) han permitido que los padres que trabajan compartan en mayor medida las responsabilidades familiares; dichas medidas podrían reproducirse. Ello se aplica al cuidado de los hijos y de los familiares a cargo. Hay datos que demuestran que cuando aumenta la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, un mayor número de hombres utiliza la licencia parental. También se considera que ello mejora las tasas de natalidad y puede reducir los prolongados horarios de trabajo de los hombres. En algunas sociedades, actualmente los padres hacen uso de la licencia de paternidad y comparten más responsabilidades familiares, lo que pone de manifiesto un ILC98-PR13-141-Sp.doc 13/75 cambio de actitud paulatino y la eliminación de los estereotipos de género. Podrían impulsar ese cambio la legislación innovadora y las políticas activas, así como la toma de conciencia de la «paternidad» como un valor y una responsabilidad de carácter social. Se debe velar por que los hombres poco calificados no se vuelvan más vulnerables.

NUEVAS CIRCUNSTANCIAS – LA GLOBALIZACIÓN
7. La globalización ha provocado cambios importantes que han influido en la vida de todas las personas, y en algunos países ello marcó el comienzo de un crecimiento y una transformación veloces, entre otras cosas, el desarrollo de las nuevas tecnologías. Por un lado, ese progreso ha eliminado alguno de los obstáculos interpuestos a las mujeres, pues ha creado más oportunidades de empleo. Por el otro, algunos de esos nuevos puestos de trabajo pertenecen al ámbito del empleo precario e informal, que no es trabajo decente, y se caracterizan por su baja remuneración y un limitado o nulo acceso a la seguridad social, la protección social y el diálogo social, así como por la inexistencia del pleno goce de los derechos laborales. Dado que la globalización afecta a los hombres y a las mujeres de forma diferente, conviene seguir reflexionando sobre las necesidades disímiles de las mujeres y de los hombres (mediante análisis de género en la formulación de las políticas y las evaluaciones de las repercusiones).

8. Para lograr la coherencia entre las políticas, la OIT examinará y tendrá en cuenta todas las políticas económicas y financieras internacionales a la luz de la igualdad de género.

LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL
9. Las crisis no deberían utilizarse como excusa para crear desigualdades aún mayores ni para socavar los derechos adquiridos por las mujeres. La crisis actual está teniendo
consecuencias nefastas en el mundo del trabajo, ya que se están cerrando empresas y los trabajadores están perdiendo su empleo. La recuperación económica y, por ende, el empleo deberían ser un elemento central de la respuesta a la crisis. Durante las épocas de crisis económica, la inobservancia de los principios y derechos fundamentales en el trabajo significaría la incapacidad de preservar derechos reconocidos universalmente y el fracaso de la política económica en su intento de lograr el crecimiento y la recuperación. Debería considerase que la crisis actual constituye una oportunidad para idear nuevas respuestas de política en materia de igualdad de género.

10. En los planes de recuperación aplicados durante las crisis económicas deben tenerse en cuenta las consecuencias que éstas tienen para las mujeres y para los hombres e integrar las preocupaciones de género en todas las medidas. Las medidas a corto plazo pueden consistir en la creación conservación de los puestos de trabajo ya existentes, medidas de sustitución de ingresos para ayudar a las mujeres y los hombres que se ocupan del cuidado de algún familiar, la formación profesional y la reconversión laboral, y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME). Estas medidas deben ajustarse a los objetivos a largo plazo del desarrollo económico, social y ambiental sostenible, con inclusión de la igualdad de género.

11. Las medidas a mediano y a largo plazo deberían apuntar a revisar la legislación, con inclusión de las leyes laborales, cuando proceda, a fin de ofrecer mejores oportunidades a las mujeres y los hombres para que puedan conciliar las responsabilidades laborales y familiares. En las políticas también se debería prever la formación de las mujeres en esferas de trabajo atípicas, como la empresarial; la reconversión laboral de las mujeres y los hombres para empleos que permita poner fin a la segregación laboral; el uso de tecnologías modernas; y las políticas activas de mercado de trabajo, por ejemplo, la acción 13/76 ILC98-PR13-141-Sp.doc positiva en favor de la mujer. En las épocas de crisis económica, conviene aumentar la inversión gubernamental en servicios públicos y comunitarios, según proceda, incluso en las zonas rurales. Los gobiernos y los interlocutores sociales deberían combatir los estereotipos de género que podrían influir en la manera en que las mujeres sufren la crisis. Convendría insistir en la necesidad de que compartir más equilibradamente las
responsabilidades en relación con el cuidado de personas y el hogar para que las mujeres y las niñas no sigan asumiendo la mayoría de las tareas domésticas. Las mujeres deben tener el mismo nivel de participación que los hombres en todos los debates sobre los planes de recuperación, ya sea que se esté tratando su diseño o evaluando sus resultados.

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS EMPLEOS VERDES
12. Al desarrollarse las industrias de las energías renovables y limpias, se están creando nuevos empleos verdes, que deberían considerarse una vía para la formación y el empleo de mujeres y hombres. A fin de promover una transición socialmente justa a este tipo de empleos, tanto las mujeres como los hombres deberían beneficiarse de iniciativas de educación y formación y de políticas de mercado de trabajo que favorezcan el desarrollo de las calificaciones necesarias para los nuevos empleos verdes y la transición para los trabajadores que perderán su empleo actual.

EL GÉNERO Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DECENTE
13. Como se afirmó en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para un globalización equitativa de 2008, los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, esto es, el empleo, la protección social, el diálogo social y el tripartismo y los principios y derechos fundamentales en el trabajo aplicados, entre otros medios, mediante las normas internacionales del trabajo, son inseparables, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente, y la igualdad de género debe considerarse una cuestión transversal en el marco de esos objetivos. Por consiguiente, los esfuerzos encaminados a lograr que la igualdad de género forme parte de la esencia del trabajo decente deberían ser de carácter integral.

EMPLEO
14. El crecimiento sostenido, productivo y con un alto coeficiente de empleo es necesario para crear oportunidades de trabajo decente para mujeres y hombres mediante las cuales la sociedad podrá concretar sus objetivos de desarrollo económico, buenas condiciones de vida y progreso social. Las políticas de empleo que tienen en cuenta el género son un medio decisivo para lograr la reducción de la pobreza y el crecimiento equitativo e incluyente. Hay datos que demuestran que las medidas relativas a la igualdad se traducen en mejoras de la productividad, estimular el crecimiento económico y asegurar que los mercados de trabajo funcionen más eficazmente y proporcionen trabajo decente. Así pues, abordar la igualdad de género debería ser un elemento central de todos los c

INFORME ANUAL SOBRE VIOLACION DE LOS DERECHOS SINDICALES

Al abrir la edición de este año del Informe Anual sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales, posiblemente tendrán en mente el tremendo impacto de la crisis económica y financiera mundial, que ha afectado en 2008 a millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, tanto en países industrializados como en países en desarrollo.
La crisis hace hincapié en que hace falta desarrollar una economía global basada en empleos decentes y justicia social y subraya la necesidad de una mejor distribución de la riqueza. Por el contrario, los trabajadores en todo el mundo han empezado a sentir el pleno impacto del aumento del desempleo en sus vidas y las de sus familias y comunidades, a causa de la desaparición de empleos decentes. También han empezado a constatar las crecientes repercusiones sobre sus derechos en el trabajo.
Los derechos sindicales son derechos humanos en el trabajo, reconocidos universalmente. Dos Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que los definen y garantizan (Convenios 87 y 98) han sido ratificados por 149 y 159 Estados miembros de la OIT, respectivamente, de los 182 existentes en el mundo.
Pese a este reconocimiento formal por parte de los Gobiernos, una vez más este año, la CSI documenta violaciones continuas y en ocasiones masivas y tremendas de los derechos sindicales fundamentales. Este Informe es uno de los medios a través de los cuales la CSI expone y denuncia dichas violaciones, ofreciendo una visión general de la situación respecto a los derechos sindicales en el mundo en 2008.
Los países donde desgraciadamente han continuado produciéndose prácticas antisindicales graves y generalizadas incluyen: Colombia, Birmania, Belarús, Sudan, Zimbabwe, Swazilandia, Irán, Pakistán y las Filipinas. Países como Honduras y Guatemala deberían añadirse a la lista este año. En muchos otros países, donde las violaciones no son tan tremendas, se registra una tendencia general a reducir los derechos de los trabajadores. Se han registrado casos de injerencia en las actividades sindicales en Iraq, Kuwait, Letonia, Kirguistán, la Federación Rusa, Turquía y Venezuela, entre otros. Pese a algunas propuestas legislativas o medidas adoptadas en algunos países de Oriente Medio y de los Estados del Golfo, los trabajadores/as migrantes siguen viendo denegados sus derechos sindicales en muchos países. Además, las empresas siguen aprovechándose de fallos en la legislación y de su aplicación inadecuada para socavar los derechos de los trabajadores.
A nivel mundial en 2008, al menos 76 sindicalistas fueron asesinados como resultado de sus acciones en defensa de los derechos de los trabajadores. América Latina sigue siendo el continente más mortífero para los sindicalistas, con 66 asesinatos en 2008. En Colombia, 49 sindicalistas perdieron la vida (de los que 16 eran dirigentes sindicales, incluyendo cuatro mujeres), lo que representa un incremento del 25% respecto a 2007. También mataron a sindicalistas en Guatemala (9), Honduras (3) y Venezuela (4) entre otros países. En Asia, se registraron al menos seis asesinatos (Nepal y Filipinas), tres en África (Nigeria, Túnez y Zimbabwe) y uno en Oriente Medio (Iraq).
En distintos países y en todas las regiones, los sindicatos siguen estando prohibidos o se restringe su establecimiento. China continúa prohibiendo la existencia de sindicatos independientes. Aquellos que intentan organizar a grupos de trabajadores o protestas suelen ser arrestados, y en ocasiones condenados a penas de prisión o de reeducación mediante el trabajo .
Algunas categorías de trabajadores continúan estando excluidas. Esto incluye a los funcionarios públicos, los trabajadores/as agrícolas, migrantes y los empleados en el servicio doméstico, etc. El derecho de huelga muchas veces está limitado indebidamente, con listas de servicios públicos donde se restringe la acción de huelga que van mucho más allá de la definición de la OIT.
Este año, una vez más, varios miles de sindicalistas y trabajadores/as fueron despedidos por haber participado en acciones de huelga o de protesta; otros miles se han visto acosados o discriminados y centenares fueron arrestados. La situación de los trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres y trabajadores/as migrantes en Oriente Medio y los Estados del Golfo, así como en algunos países africanos y asiáticos, resulta igualmente preocupante. La denegación absoluta de los derechos laborales y sindicales y otras violaciones fueron habituales en las Zonas Francas Industriales, por ejemplo en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras Swazilandia, Bangladesh, Kenya, Mauricio y Pakistán.
Por otro lado, la globalización de la economía mundial, sumada a la crisis económica y financiera global, ejerce una enorme presión en los mercados laborales, las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores/as en todo el mundo. Los trabajadores siguen siendo amenazados por los empleadores con trasladar las empresas, subcontratar o reducir plantilla, con consecuencias negativas inevitables para la efectiva aplicación de los derechos sindicales.
Nuevas formas de relaciones de empleo afectan igualmente los derechos fundamentales. El recurso a formas de empleo disimulado como trabajo por cuenta propia, así como a subcontratistas o agencias de empleo, está aumentando tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. Este Informe documenta casos en Corea, Croacia, Polonia, Montenegro, Georgia, la República Dominicana, El Salvador, Perú, Malasia, Vietnam, Sudáfrica, Chad y Marruecos, entre otros. Desgraciadamente, es muy probable que la edición del próximo año presente una imagen aún peor que la de este año.
Este Informe, que cubre 143 países, pretende también ser una herramienta. Destaca las oportunidades desperdiciadas para promover unas mejores relaciones laborales, para mejorar las condiciones de trabajo y establecer o consolidar instituciones democráticas. Ilustra buenas prácticas en casos donde se han registrado mejoras. Por ejemplo, se adoptado una nueva legislación que reconoce y permite la organización sindical en Burkina Faso, Kenya, Mozambique y Australia.
En los anexos, encontrarán asimismo el texto completo de los Convenios 87 y 98 de la OIT, así como un resumen de decisiones de la OIT sobre cuestiones esenciales relacionadas con los derechos sindicales, que muchas veces no son suficientemente conocidos ni comprendidos.
Los marcos legislativos y unas instituciones eficaces deberían proporcionar una protección adecuada y garantías para la libertad sindical y la negociación colectiva. Por desgracia, en demasiados puntos del globo, incluyendo Asia, Oriente Medio y los Estados del Golfo, la libertad sindical sigue sin estar garantizada por la Constitución o la legislación laboral.
La aplicación efectiva de los Convenios internacionales o al menos de la legislación laboral nacional, y el respeto de los derechos sindicales, siguen estando muy lejos de lo que los trabajadores tienen derecho a esperar. Una vez más este año la CSI da cuenta de asesinatos, secuestros, arrestos y encarcelamiento, además de amenazas de muerte, despidos, acoso y actos de discriminación e intimidación contra los sindicalistas.
Con todo, millones de sindicalistas y activistas laborales en todo el mundo continúan luchando por la solidaridad entre trabajadores/as, en ocasiones corriendo el riesgo de perder sus propias vidas o su sustento. Claros ejemplos en 2008 incluyen los dirigentes sindicales en Zimbabwe, Colombia, Guinea, Guatemala, Filipinas, Iraq e Irán.
Quisiera agradecer a nuestras afiliadas, a las Federaciones Sindicales Internacionales y a todas las personas que han contribuido para hacer posible este Informe, y brindar tributo a todos aquellos cuya dedicación a la justicia, la equidad y la imparcialidad en el trabajo ha conseguido tanto para tantos trabajadores y trabajadoras.
La CSI sigue siendo la voz internacional y el aliado de los sindicalistas en el mundo entero, y especialmente de aquellos que no pueden confiar en un sistema legal nacional adecuado para proteger sus derechos sindicales fundamentales.
Más que nunca, la misión de la CSI es estar al lado de los trabajadores y trabajadoras en su lucha por la justicia y la defensa de los derechos sindicales en todo el mundo, porque "¡Un ataque contra uno es un ataque contra todos!”

EN LAS AMERICAS

En el continente americano siguen produciéndose múltiples tipos de violaciones de los derechos sindicales, a través de la violencia física y a través de la ley o a causa de la falta de implementación de la ley.
Colombia sigue teniendo el triste récord mundial, con el 60% de asesinatos de sindicalistas en el planeta. A pesar del gran énfasis que el gobierno pone en la seguridad, en 2008 se produjo un incremento preocupante del 25% en los casos de violencia antisindical, con 49 sindicalistas asesinados, 16 de los cuales eran dirigentes sindicales y entre los que hubo 45 hombres y cuatro mujeres. Tampoco han aminorado los atentados, las desapariciones y las amenazas de muerte, ni la impunidad, ya que las sentencias condenatorias son ínfimas. Las políticas y leyes en materia laboral siguen excluyendo de la protección social y laboral a más de dos terceras partes de los trabajadores/as, al negar y eludir los derechos laborales mínimos a más de 12 millones de trabajadores/as. El Estado colombiano establece legislación y prácticas contrarias al trabajo decente, como por ejemplo las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) que han introducido un nuevo modelo de relación laboral basado en empleos precarios, de bajo costo y sin derechos sindicales.
En los países de América Central también se agrava la situación para los sindicalistas. En Guatemala, la violencia antisindical es permanente, con asesinatos, intimidaciones, acoso, tiroteos de domicilios, allanamientos y ataques contra sedes sindicales, asaltos y vejaciones a dirigentes sindicales y sus familiares. En la mayoría de los casos, estas acciones quedan impunes. Durante este año, más de 20 dirigentes sindicales, indígenas y campesinos fueron asesinados y el movimiento sindical está siendo objeto de una persecución que recuerda a las prácticas utilizadas durante el conflicto armado. En Honduras, fue brutalmente asesinada con 16 balazos, Rosa Altagracia Fuentes, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH). Según informaciones recibidas, la policía maneja listas de reconocidos dirigentes, indígenas, periodistas y hasta personalidades de la comunidad internacional que están permanentemente vigilados por los cuerpos de inteligencia del Estado. En Panamá, otro dirigente del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) fue asesinado en un contexto de extensas y graves violaciones de los derechos de los trabajadores/as.
Existe toda una panoplia de prácticas laborales que obstaculiza la organización sindical y la negociación colectiva: la subcontratación de trabajadores/as a través de una empresa intermediaria o el despido de dirigentes y/o fundadores de sindicatos para eliminar los sindicatos. En muchas ocasiones los empleadores ofrecen incentivos económicos para lograr la desafiliación y debilitar al sindicato. En algunos países, como Nicaragua, se van imponiendo los contratos cortos, que hacen imposible aumentar el número de personas afiliadas al sindicato. También se recurre a cambios que pueden parecer formales, pero que influyen en la organización sindical como, por ejemplo, modificar la razón social de la empresa para deslegitimar el sindicato, o sustituir el personal de la gerencia en busca de una mano dura antisindical. En las zonas francas de exportación (ZFE) los derechos de los trabajadores/as son inexistentes. En muchos casos, las sanciones impuestas no son suficientemente disuasivas para evitar que los empleadores vulneren los derechos de los trabajadores/as. En El Salvador el Convenio 87 de la OIT, a pesar de haber sido ratificado en 2006, continúa sin tener aplicación práctica. En Costa Rica, el ejercicio efectivo de los derechos sindicales está muy entorpecido; en el sector privado los sindicatos son prácticamente inexistentes, debido a una perversa combinación de estrategias antisindicales, indiferencia estatal y la promoción del solidarismo.
Otra forma de violar los derechos sindicales es a través de la legislación. En Estados Unidos, los empleadores violan de forma rutinaria la legislación, despidiendo por año a decenas de miles de trabajadores/as por sus actividades sindicales. Ni la legislación ni su implementación protegen los derechos sindicales de los trabajadores/as. La destrucción de sindicatos es una industria que mueve miles de millones de dólares. En varias provincias de Canadá, la legislación no brinda a determinados grupos de trabajadores la protección jurídica necesaria para poder organizarse o contiene restricciones sobre el derecho de huelga. En México los contratos de protección , simulacros de acuerdos colectivos elaborados por la patronal, negociados a espaldas de los trabajadores y depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, infringen los derechos sindicales al impedir una auténtica organización sindical, la negociación colectiva real y la posibilidad de ejercer el derecho de huelga. En Perú prosigue la tendencia a subcontratar muchos servicios gubernamentales, generando menos puestos de trabajo en las empresas estatales y en la administración pública, lo que dificulta la sindicalización de los trabajadores/as. En Venezuela el conflicto político entre el Gobierno y las organizaciones sindicales opositoras dificulta el ejercicio del derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga.
En los países del Caribe, en general la ley reconoce los derechos sindicales, aunque su implementación sigue estando bastante limitada, en especial respecto al derecho a la huelga. Los empleadores continúan usando tácticas antisindicales. En Barbados los empleadores muchas veces se niegan a negociar convenios colectivos, pese a reconocer a los sindicatos. En Jamaica, los sindicatos denunciaron este año varios casos de acciones antisindicales destinadas a destruirlos.

LOS DERECHOS DE LA MUJER...

INTRODUCCION
Las normas internacionales de derechos humanos establecen que tanto los hombres como las mujeres tienen los mismos derechos desde el momento en que nacen, solo por el hecho de pertenecer a la especie humana. No obstante, se debe indicar que diversos estudios señalan la necesidad de un trato diferente entre hombres y mujeres, no como un tipo de discriminación positiva , sino como una forma de reconocer que los derechos humanos nunca serán universales en tanto no se reconozcan las necesidades específicas de las mujeres. Al respecto, cabe mencionar que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, celebrada en el año 1993, se constituyó el punto de partida para colocar en el ámbito internacional la importancia del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y la obligación de los Estados de promoverlos y garantizarlos.
Entre las convenciones y pactos internacionales que reconocen derechos específicos a las mujeres, pueden destacarse la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), así como los demás instrumentos que de esta naturaleza hayan sido suscritos y ratificados por Venezuela.
Estos instrumentos internacionales consagran una serie de derechos tales como el derecho a la educación, al trabajo, a la familia, a la salud, entre otros derechos. De igual forma, las mencionadas Convenciones promueven que las mujeres tengan un nivel de vida digno, así como la posibilidad de desarrollar sus capacidades en condiciones de igualdad, al considerar la violencia de género como una violación a sus derechos humanos.
En ese sentido, se ha reconocido a lo largo del contenido de diversos pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos que las mujeres tienen derecho al trabajo, a la autonomía económica, a la participación política, al desarrollo, a la educación, a la libertad y a la autonomía en el ejercicio responsable de la sexualidad, a decidir libremente el número de hijos, a no ser víctimas de tortura y a vivir en un ambiente saludable.
En este orden ideas, con ocasión del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en diversos pactos y convenciones internacionales, los Estados signatarios de dichos instrumentos tienen la obligación de garantizar la protección, práctica y promoción de los mismos, toda vez que persiste la necesidad de que tales derechos sean conocidos y comprendidos en toda sociedad, en procura de un sistema de justicia equitativo y por la aplicación de nuevas formas de protección que posibiliten la convivencia armónica de hombres y mujeres, en un marco de respeto e igualdad jurídica.
Es por ello que en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) se reafirmó que los derechos de las mujeres en todo su ciclo vital son parte inalienable de los derechos humanos universales, mencionándose explícitamente la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas.
Teniendo como referencia el anterior marco conceptual, se debe resaltar el carácter global, indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, incluido el derecho al desarrollo.
De igual forma, debe tenerse presente que la discriminación contra la mujer constituye un fenómeno constante en la gran mayoría de los países que conforman la comunidad internacional, hecho éste cuya erradicación se que debe considerar ampliamente, para así lograr los objetivos de la realización universal de los derechos humanos para todas las personas sin exclusiones de ninguna índole por razones de sexo.
Por lo tanto, se requiere que los distintos Estados identifiquen de manera clara las diversas prácticas estatales que afectan a los derechos humanos de las mujeres, así como todas aquellas causas o circunstancias que vulneren o menoscaben los derechos de éstas, a fin de que procedan a condenarlas, repararlas o al restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas, para posteriormente prevenirlas, una vez que estas causas sean plenamente identificadas.
En este sentido, se podría señalar que el reconocimiento del sexo y el género como categorías de análisis en el derecho internacional ha sido de gran importancia para la redefinición de los compromisos estatales y la elaboración de instrumentos internacionales que se ocupen de proteger a la mujer frente a cualquier discriminación de la que pudiera ser objeto.
Uno de los aspectos claves lo constituye la distinción entre la acción pública y privada como ámbitos diferentes de aplicación de los derechos humanos. Al respecto, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, hace énfasis en la exigencia de que los Estados eliminen la discriminación ejercida por cualquier persona (Art. 2.e), y tomen medidas para la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres (Art.5.e).
Además de los hechos violatorios cometidos por acción directa del Estado, los actos violentos o discriminatorios de personas particulares hacia la mujer, no necesariamente involucran responsabilidad estatal; pero si un Estado facilita, condiciona, acomoda, tolera, justifica o excusa las denegaciones privadas de los derechos de la mujer, es entonces responsable por su falta de diligencia para prevenir, controlar, corregir, sancionar o reparar tales actos privados, a través de sus propios órganos ejecutivos, legislativos o judiciales.
En ese sentido, según la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, los Estados partes han asumido obligaciones tanto de resultados como de medios, lo que implica la obligación de establecer medios específicos encaminados al logro de determinadas metas, y al mismo tiempo la obligación de alcanzar ciertos resultados por todos los medios apropiados en protección de los derechos de la mujer.
En lo que respecta al Estado venezolano, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde a la Defensoría del Pueblo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías de la mujer consagrados en nuestra Carta Políticas y demás instrumentos normativos que conforman el ordenamiento jurídico venezolano, y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos de la mujeres.
En este sentido, actuando dentro del marco de las atribuciones y competencias conferidas a esta Institución, nos corresponde velar por el efectivo respeto y garantías de los derechos de la mujer, investigando de oficio o a instancia de parte cualquier hecho que pudiere vulnerar o menoscabar los derechos humanos de éstas.
Igualmente corresponde a la Defensoría del Pueblo, interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus, habeas data y demás acciones que a que haya lugar de conformidad con la ley, a los fines de velar por el respeto de los derechos y garantías de las mujeres.
En este mismo orden de ideas, podrá instar al Ministerio Público a los fines de que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar de conformidad con la ley, contra los funcionarios públicos responsables de violación o menoscabo de los derechos humanos de la mujer.
Por otra parte, corresponde a la Defensoría del Pueblo presentar ante los órganos legislativos nacional, estadales o municipales, proyectos de leyes u otras iniciativas legislativas que tengan por objeto la protección progresiva de los derechos humanos de las mujeres.
De igual forma, le corresponde velar por los derechos humanos de las mujeres que formen parte de los pueblos y comunidades indígenas y ejercer las acciones necesarias para su garantía y efectiva protección.
También, la Defensoría del Pueblo actuando dentro del marco de sus competencias constitucionales podrá visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, a fin de proteger los derechos humanos de las mujeres.
Igualmente, esta Institución podrá formular ante los órganos correspondientes las observaciones y recomendaciones que estime necesarias para la protección de los derechos humanos de las mujeres.
En este mismo sentido, podrá promover y ejecutar políticas que tengan por objeto la difusión y protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres.
II. Principales derechos de la mujer consagrados en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos
SISTEMA UNIVERSAL
a. Declaración Universal de Derechos Humanos (Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en su resolución 217 A (III), de fecha 10 de diciembre de 1948).
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 25
(...) 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social .(...)
b. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966
Artículo 23
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.
3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.
Artículo 26
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
c. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27).
Artículo 7
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.
d. Convención sobre todas las formas de eliminación contra la mujer (Adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en fecha 18 de diciembre de 1979).
Artículo 1
A los efectos de la presente Convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Artículo 2
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.
Artículo 3
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para aseg

DIA INTERNACIONAL DE LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA A LA MUJER

DONDE SE ORIGINA

A raíz de la muerte de las tres fabulosas y heroicas Hermanas Mirabal

LAS HERMANAS MIRABAL

Patria Mercedes Mirabal, Minerva Mirabal, y María Teresa Mirabal, tres dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. La cuarta hermana, Bélgica Adela Dedé Mirabal, no tuvo un rol activo en este tipo de actividades contra el dictador. Patria Mercedes solo apoyaba a sus hermanas, prestaba su casa para guardar armamentos y herramientas de los luchadores, pero quienes siempre dieron la cara fueron Minerva y María Teresa.
Las Mirabal, crecieron en un hogar rural acomodado de la Sección Ojo de Agua del entonces Municipio de Salcedo (provincia que hoy lleva su nombre). Estudiaron internas en el Colegio Inmaculada Concepción de La Vega muy prestigioso, el cual era dirigido por monjas españolas de la Orden Terciarias Franciscanas de Jesús y María donde, tanto Minerva como María Teresa, se destacaron por su inteligencia e interés en el estudio.
ACTIVISMO ANTITRUJILLISTA
Cuando Trujillo llegó al poder, la familia Mirabal perdió casi toda su fortuna. Las Mirabal creían que Trujillo llevaría al país al caos y por ello formaron un grupo de oposición al régimen, conocido como Agrupación Política 14 de Junio, dentro de este grupo eran conocidas como Las Mariposas. Fueron encarceladas y torturadas en varias ocasiones. A pesar de estas situaciones, continuaron en su lucha por terminar con la dictadura. Después de varios encarcelamientos, Trujillo decidió terminar con las hermanas.

ASESINATO DE LAS MARIPOSAS
El 25 de noviembre de 1960, Trujillo envió a varios hombres a interceptar a las tres mujeres tras la visita a sus maridos en prisión. Totalmente desarmadas, fueron llevadas a unas plantaciones de caña, donde fueron asesinadas a palos por unos miembros de la SIM.
Trujillo creyó que había eliminado un gran problema. Sin embargo, esto le trajo muchos inconvenientes. La muerte de las Mirabal causó gran repercusión en la República Dominicana, como resultado provocó que el pueblo se mostrara cada vez más proclive a apoyar a las Mirabal y sus ideales, contribuyendo a despertar conciencia y finalmente culminó con el asesinato de Trujillo el 30 de mayo del 1961.
LOA ASESINOS
• Víctor Alicinio Peña Rivera
• Ciriaco de la Rosa
• Ramón Emilio Rojas
• Alfonso Cruz Valerio
• Emilio Estrada (Malleta) de origen cubano.

La prensa, publicó: Mueren 3 hermanas y su chofer, al precipitarse el jeep en el que viajaban . Poca gente creyó esa falsa versión

NARRACION DEL ASESINATO
Ciríaco de la Rosa, unos de los asesinos afirmó: Las condujimos a una casa campestre, donde le dije a Rojas Lora que cogiera palos y se llevara a María Teresa. Alfonso Cruz Valerio eligió a Minerva, yo elegí a Patria y Malleta al chofer Rufino de la Cruz. Los separamos a todos para que las víctimas no presenciaran la ejecución del otro. Traté de evitar este horrendo crimen, pero no pude, porque tenía órdenes directas de Trujillo y Johnny Abbes García. De lo contrario, nos hubieran liquidado a todos”.
HOMENAJES
En honor a estas tres valientes mujeres, los días 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. Establecido en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia en el año 1981.

En Ojo de Agua se conservan sus trajes, pertenencias y habitaciones tal y como estaban para el momento de su muerte. La finca se ha convertido en un museo que puede ser visitado. Cerca de allí vive Dedé Mirabal, la única hermana que no fue asesinada.
La escritora norteamericana Julia Álvarez escribió una novela basada en las Hermanas Mirabal, con el título In the time of butterflies (En el tiempo de las mariposas) que luego fue llevada al cine por Mariano Barroso.
FILMOGRAFIA
Año: 2001
Película: En el tiempo de las mariposas (TV)
Director: Mariano Barroso
Actriz encarnada:Salma Hayek
Año: 2007
Película: Crimen (*)
Director: Etzel Báez
Actriz encarnada: Mónica Sepúlveda
Año: 2008
Película:Del fondo de la noche (Documental)
Director: Javier Balaguer
Actriz encarnada:Mónica Sepúlveda

ENTIERRO

Esta es la casa donde vivieron las Hermanas Mirabal los últimos 10 meses de su vida.
Ellas están enterradas en Ojo de Agua, en las afueras de la ciudad de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal en la República Dominicana. El lugar se ha convertido en un museo en su honor y está abierto al público. También hay allí una biblioteca, librería y una tienda de recuerdos. Enterrado en el mismo lugar también están los restos de Manuel Aurelio Tavárez Justo, quien fuera esposo de Minerva.
EN LA ACTUALIDAD

Museo donde descansan sus restos
La hermana sobreviviente Dedé, vive cerca del museo. Uno de sus hijos, Jaime David Fernández Mirabal, fungió como vicepresidente durante el primer período de gobierno de Leonel Fernández.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en conmemoración del sacrificio de las hermanas.
En 1995, la escritora domínico-americana Julia Álvarez, publicó la novela En el tiempo de las mariposas, una novela basada en la vida de las Mirabal. La novela fue llevada al cine en el 2001 en una película con el mismo nombre. Fue protagonizada por Salma Hayek, como Minerva, y Edward James Olmos como Trujillo. Marc Anthony también participa en el filme. En honor a estas valientes hermanas, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. Esto fue establecido en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia en el año 1981.

SECRETARIADO ORDINARIO

El Comitè Ejecutivo Nacional del SUNEPSAS, convocò a un Secretariado Ordinario a efectuarse el la cuidad de Caracas los dìas 24 y 25 de Noviembre del Año en curso, en las instalaciones del Hotel Lìder, ubicado enm la Avda Baralt. El evento contò con la participaciòn de 27 Secretarios Generales de las Juntas Directivas Seccionales, representando la masa trabajadora de cada estado. A los efectos, el Comitè Ejecutivo Nacional encabezado por la ciudadana Inès Lucena Presidenta de la organizacìon, presentò informe de gestiòn. Asì mismo, cada uno de los Secretarios y Secretarias Generales de los Estados hicieron lo mismo.
En el marco de las actividades contamos con la participaciòn del Equipo Multidisciplinario del Tribunal de Violencia Contra la Mujer, el cual se encuentra dirigido por la Lic. Magali Rico.


Día Mundial de la Enfermería

Al instituirse la Organización Mundial de la Salud, en 1945, se había acordado conmemorar el 12 de mayo como el Día de los Hospitales, en reconocimiento a la labor desplegada por Florence Nightingale en la Guerra de Crimea, trabajó como la primera gran administradora de hospitales. Sin embargo a inicios de la década de los años 70, por iniciativa del Consejo Internacional de Enfermeras, comenzó a conmemorarse también el Día Internacional de la Enfermera, recordándola en su condición de fundadora de la Enfermería profesional.

La historia de Florence recuerda a una niña creció y se educó en Inglaterra con notables conocimientos en literatura, música, matemáticas, dibujo, arte y manualidades, por lo que sus familiares esperaban de ella un buen matrimonio y entera dedicación a su casa y su familia. Cuando apenas tenía 17 años, comenzó a visitar a personas pobres y enfermas tratando de apoyarlas y mitigar sus penas, conducta que no vieron bien sus padres, porque la joven prefería conversar con los desprotegidos que acudir a fiestas y reuniones de sociedad. Así Florence intentó trabajar como enfermera, pero su familia se opuso en reiteradas ocasiones, hasta que logró convencer a sus progenitores de su vocación por la enfermería, fue entonces que su padre, decidió inscribirla en los mejores colegios de Inglaterra y otros países, así estudió en el Instituto de San Vicente de Paúl en Alejandría, Egipto y después en el Instituto para Diaconisas Protestantes de Kaiserswerth, Alemania.

Mucho se ha hablado de esta mujer, que para muchos ha pasado a ser leyenda, cuenta la historia que todo comenzó a raíz del estallido de la guerra franco rusa, en Crimea, en el año 1854, cuando ella, consciente de las deficientes condiciones sanitarias que imperaban en el Hospital de Üsküdar,  envió una carta al secretario de guerra británico ofreciendo sus servicios como voluntaria. Al recibir una respuesta afirmativa, emprendió el viaje acompañada de 38 enfermeras voluntarias que había reclutado y se presentó en los campos de batalla: era la primera vez que se permitía la entrada de personal femenino en el ejército británico

Surgió entonces la leyenda de "La Dama de la lámpara” o "El ángel de los tullidos” pues Florence, acompañada por una lámpara y por un búho domesticado en el bolsillo, solía realizar interminables rondas nocturnas entre los heridos curándolos y brindándoles ánimo. La historia abriga la heroicidad casi legendaria de esta mujer que para los heridos era como un ángel misericordioso cuya presencia mitigaba el dolor y daba mucha paz la luz que en las angustiosas horas de las noches proyectaba esta incansable mujer. Los cambios que  introdujo Florence Nightingale revolucionaron los cuidados médicos militares de Inglaterra, incrementaron los estándares de sanidad y nutrición, y disminuyeron drásticamente los índices de mortalidad contribuyendo a corregir las condiciones higiénicas en general. Enfermó mientras visitaba los frentes de batalla y nunca logró recuperarse, sin embargo, inválida por el resto de su vida, Nightingale continúo ejerciendo una fuerte influencia en el entrenamiento y perfeccionamiento del cuidado a enfermos.

En 1859 ayudó a crear la primera Asociación de enfermería, y publicó Notas de Hospital y Notas sobre enfermería y  en 1860 fundó en Londres una escuela de enfermería devenida un centro modelo de entrenamiento. Fue ella la primera mujer merecedora de la Orden al Mérito en Inglaterra y en 1907  la Conferencia Internacional de las Sociedades de Cruz Roja la catalogó como pionera de ese Movimiento. Postrada en cama en los últimos tiempos, ciega y con pérdida de otras facultades, Florence era centro de un torbellino de actividades: entrevistas, dictado de notas y de cartas, nuevos proyectos para corregir errores en multitud de asuntos, fue vital hasta el ultimo de sus días.

El día 13 de agosto de 1910, a la edad de 90 años falleció  esta mujer, cuya historia estuvo prendada de su amor al prójimo y de una vocación humanista que la hicieron luz y símbolo para la posteridad. Florence Nightingale fue y será siempre un ejemplo e inspiración para todos los que se desempeñan en la profesión de la enfermería y para aquellos que empinan sus sueños en el ejercicio de esa humana labor.


Enviar email

contador de visitas

pagina web gratis