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SU ASISTENTE MARY                                        

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IMPUNIDAD

EL CARNICERO fue absuelto por un tribunal INICUO. Un juicio convenientemente no agotado.

Rechazamos esa resolución por parcial, antijurídica e inmoral. El peor formulismo, impura e inutil especulación, enmascaradora de la realidad social.

¿¡?¡Donde estaban en 1968?¡?¡, acaso no cerraron sus puertas, no existió piedad para nadie, no solo los que murieron en el acto, sino miles de jóvenes que fueron sacados de sus casas por la fuerza, en provincia por la policía secreta y nunca mas aparecieron.

Jurídicamente: CORRUPCIÓN DE CONCIENCIA LA RESOLUCION DEL EXPRESIDENTE LUIS ECHEVERRA.

A nivel popular se ajusta el siguiente refrán: "Tanto peca el que mata a la vaca; como el que ayuda deteniéndoles las patas.”

Obvio es la falta de independencia del poder judicial, entregados a los excesos por cómoda conveniencia. Si en tiempo, hubieran castigado al responsable INTELECTUAL, hubiera detenidos muchas matanzas, que ahora se siguen dando, ellos pusieron el mal ejemplo -La impunidad.-

Esos muchachos fueron asesinados por pedir solo libertad, igualdad, Justicia y democracia. Un México Mejor.

Una herida que aun sangra. Gracias muchachos locos, valientes y visionarios de un futuro mejor (pues así se quedaron en el recuerdo de los mexicanos). Que se atrevieron a desafiar al totalitarismo corrupto, sin embargo, el mal ejemplo quedó: que un presidente puede matar al pueblo con total impunidad. México tuvo dignidad, una ruta, un destino, no los olvidamos y pedimos castigo a los responsables. Justicia Real

Y pedimos al PODER LEGISLATIVO que debe DEROGARSE LA SUPREMA CORTE y crearse un verdadero poder judicial en su lugar, un TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, un poder del estado que cuide verdaderamente a la constitución y la vida de las personas, aun con sus diferencias con el poder, NUEVOS MINISTROS, con nuevos CRITERIOS DEMOCRATICOS.

Recordamos que gracias al Tratado de Cd. Juárez Chih., la Suprema Corte del tirano Gral. Porfirio Días, pactaron con Francisco I. Madero, que siguieran siendo los mismos ministros y no obstante que a su pesar cambio la constitución, por una revolución popular y democrática, y que solo al verse perdidos, al tomar Pancho Villa, por sorpresa, la mitad del ejercito del general en esa ciudad, abandonaron al déspota, y se acomodaron en el nuevo gobierno –pero- SIGUIERON APLICANDO LOS MISMOS CRITERIOS AUTORITARIOS, que se tenían, fueron los mismos ministros que firmaron las sentencia de muerte por fusilamiento, en contra de los sobrevivientes de Rio Blanco Y Cananea.

Aún ahora, siguen los mismos errados criterios conservadores, obscurantistas y retrógrados, obstáculo para el progreso de una nación moderna, vemos sus sentencias y no encontramos la razón, pues están acostumbrados a servir al rico y poderoso y castigar al pobre, siempre a favor de la opresión y en contra de la igualdad y la libertad, el pueblo que nunca tiene la razón, pues ellos la han secuestrado, por el autoritarismo, a que están acostumbrados, son Jueces, Magistrados y Ministros todos políticos, operando siempre en beneficio de ciertos individuos y clases políticas privilegiadas, en contra de la razón y de los ciudadanos.

No cambiaron en 100 años no cambiaran nunca, por lo que se hace indispensable una REFORMA CONSTITUCIONAL. Y…

UNA ADICIÓN A LA CONSTITUCIÓN, que prevea y castigue los crímenes de estado, un supremo tribunal que juzgue con imparcialidad, eficacia a los gobernantes que cometan crímenes de lesa humanidad, Aguas Blancas, Los Charcos, Acteal, Atenco etc., ETC, ETC...

Porque ni la corte, ni los pequeñitos tribunalitos, tienen la estatura suficiente para juzgar a un criminal más alto y fuertes que ellos porque también se nutren y vive del estado. Nuestros tlatoanis municipales, los pequeños dictadores estatales y los faraones sexenales etc.

SE DEROGUE el párrafo decimo del artículo 94

Decimos: NO A LA IMPUNIDAD GUBERNAMENTAL. NO AL CRIMEN DE ESTADO. NO A LA SIMULACIÓN JURÍDICA. -NO AL ENCUBRIMIENTO-

La Nobleza Judicial Mexicana

Si con el objetivo de mejorar la imagen del Poder Judicial de la Federación los ministros de la Suprema Corte han creado normas internas de transparencia y emitido miles de spots, tendrían que hacer algo con los 4 millones de pesos que reciben al año en ingresos, cada uno, así como con el aristocrático estilo de vida de los jubilados de la Corte. ¿Qué clase de confianza tendrán los ciudadanos sobre la sensibilidad social y el sentido de justicia de los miembros del Poder Judicial si quienes lo dirigen viven en condiciones de privilegio?

Los ingresos de nuestros ministros y ex ministros rebasan a los perciben sus homólogos de los países más desarrollados, con el agravante de que en México no existen mecanismos claros de rendición de cuentas. Tuvieron que pasar cinco años para que, hace seis meses, el máximo tribunal del país diera a EL UNIVERSAL la información de los montos que van a parar a los ministros jubilados. Inicialmente la Suprema Corte había clasificado la lista como confidencial con la explicación de que eran datos personales y que los ex juzgadores ya no eran funcionarios.

Ahora la Corte proporciona a este diario las facturas de los gastos que han tenido los jubilados en comidas. Nos enteramos de que, además de lo que reciben de fijo mensualmente, tienen manga ancha para pagar con cargo al erario 6 mil pesos en una comida. Lamentablemente, por ahora no sabemos a qué jubilado atribuir los 2 mil 415 pesos que se gastó en el hotel Fiesta Americana de Cancún el 18 de marzo de 2008, en plena Semana Santa. Tampoco sabemos a qué conocedor de la cocina internacional se le ocurrió cargar al presupuesto nacional el equivante en pesos de 217 dólares canadienses por el consumo en el restaurante Joe Fortes, de Vancouver, Canadá, con propina incluida.

Eventualmente conoceremos, a través del Comité de Acceso de la Información de la Suprema Corte de Justicia, los nombres de los ex ministros derrochadores; por desgracia, hasta ahí quedará el asunto. No todos los servidores públicos, como hicieron los consejeros del IFE hace unos días respecto de su auto-aumento salarial, reculan frente a la presión de la opinión pública. Además, es poco lo que los medios de comunicación, y por tanto los ciudadanos, llegan a conocer de las artimañas de los funcionarios para enriquecerse del erario.


Si los ministros de la Suprema Corte, los diputados federales, los gobernadores, con todo y los reflectores que tienen encima, pueden beneficiarse personalmente del dinero de todos, ¿qué no harán presidentes municipales, funcionarios de medio rango y jueces de distrito?


Mientras no tengamos un tribunal de cuentas que regule los gastos de cada una de las instituciones y funcionarios dependientes del dinero público no va a haber manera de tener un control confiable para evitar los desvíos y los excesos. La Auditoría Superior de la Federación no tiene, por ejemplo, la facultad para controlar los gastos del Poder Judicial, carente de contrapesos en la materia. Una cosa es autonomía financiera —necesaria para evitar que el sistema de justicia dependa de los criterios políticos en la asignación de recursos— y otra puertas abiertas a la corrupción.


Necesitamos reguladores externos para cada institución que nos garanticen el buen uso del dinero de todos. Hay razones para dudar de la honorabilidad de nuestros jueces en tanto sus miembros sean los únicos que decidan sobre sus propios salarios, aguinaldos, viáticos y hasta pensiones vitalicias.

Tomado del Editorial del Gran Periódico El Universal.

Añadido de Prodefensa:
UUUuuujule… apenas nosotros llevamos 2 años esperando (lo bueno es que tenemos sillas -si no- ya nos hubiéramos cansado) también solicitamos información respecto de cual eran los criterios que usa la corte para considerar un caso como relevante y publicarlo así en su página web.

Pues bueno, nos llegaron un tumulto de oficios tan bién redactados, claro, pero sin substancia, Ya mero… al ratito… espérese… pero aun no lo encuentran la información Usted CreeeEEE

Y eso que no le contamos lo que batallamos para que nos dieran el informe del relator especial de la ONU para Abogados, jueces y magistrados. Primero nos dijeron que no lo tenían, después que si lo tenían pero era informe confidencial, luego no nos querían dar acuse de recibo de la solicitud, posteriormente que se les había perdido, hasta que después de mucho y largos discursos de nuestra mejor oratoria pudimos obtenerlo, y hay nanita que feo ponen al poder judicial, sin mascara Usted CreeeEEE.

EE. UU.: Detención inmigratoria descuida la salud

Salud de las mujeres inmigrantes

Marzo 17, 2009 Empecé a quedarme ciega , dice Mary T., una mujer diabética que fue detenida por las autoridades migratorias estadounidenses cuando su visión empezó a fallar. Solamente podía distinguir las formas de las personas señala, no podía distinguir números ni letras . Ella se quejó en repetidas ocasiones con sus carceleros, pero no recibió atención médica durante 15 días en los que su condición empeoró. Cuando una enfermera fue asignada finalmente, recuerda Mary T., la enfermera le preguntó: ¿Por qué no nos dijiste antes? .

Para Mary T. , quien recuperó su visión, y las miles de mujeres detenidas cada año por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), el mencionar sus problemas de salud no es suficiente. Dos reportes, uno de Human Rights Watch y el otro del Centro para la Defensa de Inmigrantes en Florida (FIAC, por sus siglas en inglés) documentan docenas de casos en los cuales el personal médico del ICE no respondió en absoluto a los problemas de salud de mujeres detenidas o lo hizo sólo después de demoras considerables.

"Mujeres bajo detención describieron violaciones tales como el hecho de engrilletar a detenidas embarazadas o no dar seguimiento a señales de cáncer de mama o de cuello uterino, así como afrentas a su dignidad”, dijo Meghan Rhoad, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch. "En vista de que la detención inmigratoria es la forma de encarcelamiento de más rápido crecimiento en Estados Unidos, estos abusos son especialmente peligros. En gran medida permanecen ocultos del escrutinio público y de una supervisión eficaz”
Investigadores de Human Rights Watch visitaron nueve centros de detención en Florida, Texas y Arizona, y entrevistaron a 48 mujeres detenidas o recientemente puestas en libertad de la detención inmigratoria, a personal de los centros de detención y proveedores de cuidados de salud, funcionarios de inmigración, abogados y defensores de inmigración.

El informe del FIAC se basa en entrevistas, conversaciones telefónicas y correspondencia con personas detenidas y funcionarios penitenciarios e inmigratorios. También incluye información proveniente de materiales del gobierno estadounidense, artículos de prensa y otros datos.

Las mujeres dijeron que tenían que luchar a fin de obtener servicios que podrían salvarles la vida, tales como pruebas de Papanicolaou para detectar el cáncer de cuello uterino, mamografías que detectan el cáncer de mama, atención prenatal, asesoramiento a sobrevivientes de violencia e incluso suministros básicos como toallas sanitarias o extractores de leche para madres lactantes. Los obstáculos a los servicios de salud incluían una comunicación inadecuada sobre los servicios disponibles, demoras inexplicables en el tratamiento, denegación injustificada de servicios, violación de la confidencialidad y el hecho de no transferir historiales médicos. Cuando a las mujeres se les negaban servicios, los mecanismos para quejas eran ineficaces.

Más de 300, 000 personas estuvieron bajo custodia inmigratoria apenas en el último año. Las mujeres constituyen aproximadamente el 10 por ciento de la población bajo detención inmigratoria. Las violaciones de las leyes inmigratorias son infracciones civiles, no penales; a las personas inmigrantes detenidas se les pone bajo custodia administrativa – no punitiva. En promedio, la permanencia bajo custodia es de 38 días, pero a algunas personas se les retiene durante meses e incluso años.

Según las normas internacionales, las personas detenidas tienen derecho al mismo nivel de atención médica que se brinda a la gente en la comunidad general. Sin embargo, los investigadores encontraron un patrón perturbador de negligencia al paciente. Antes de ser detenida, Lucía C., fue informada por su médico a que realizara exámenes de Papanicolaou semestrales, porque los resultados de su más reciente procedimiento mostraron anormalidades.

Cuando fue detenida en una cárcel municipal en Nueva Jersey, las autoridades rechazaron su solicitud para el procedimiento. Se supone que me debían hacer una prueba Papanicolau cada seis meses , dijo a Human Rights Watch. Le pedí a mi hija que enviara el historial. Lo recibí y se lo llevé al personal médico para que vieran que no estaba mintiendo. He pedido muchas veces . A pesar de sus esfuerzos, a Lucía C. no se le realizó ninguna prueba de Papanicolaou en los 16 meses que estuvo detenida. Es terrible, porque sientes que tienes algo que te puede provocar la muerte…y no recibes ayuda”.

La política de atención medica del ICE se centra en el cuidado de emergencia. La mayoría de las complicaciones surgen cuando las detenidas requieren atención médica no urgente.En lo que respecta a visitas médicas fuera de los centros de detención, la política del ICE permite los cuidados no urgentes sólo si la falta de tratamiento "ocasionara deterioro de la salud de la persona detenida o un sufrimiento incontrolado que afecte su estatus de deportación”.

Esta política existe junto a una serie de normas que fueron recientemente modificadas a fin de incluir requisitos más detallados para la atención médica en los centros de detención. Las normas modificadas entrarán en vigor en 2010. Para algunas de las mujeres que actualmente se encuentran bajo custodia, estas normas podrían llegar muy tarde.

HECHOS DESTACADOS

El ICE detiene a personas en más de 500 centros a nivel nacional, el personal de la División de Servicios de Salud de Inmigración (DIHS, por sus siglas en inglés) provee servicios médicos en 21 de estos centros.

En otros, la atención médica es subcontratada junto con otras funciones de detención.
Las mujeres constituyen el 10 por de la población bajo detención inmigratoria, y promedian aproximadamente 30, 000 en cualquier día.

Las mujeres son detenidas en más de 300 centros.

La mitad de las mujeres que Human Rights Watch entrevistó dijeron que habían sufrido retrasos en recibir la atención médica solicitada y casi la misma cantidad de mujeres se vieron obligadas a efectuar repetidas solicitudes para obtener una respuesta adecuada a sus preocupaciones médicas.

RECOMENDACIONES

- Asegurar que de manera justa y rápida se consideren la libertad condicional y alternativas a la detención para personas actualmente detenidas

- Emitir regulaciones federales a fin de que las normas de detención de la agencia inmigratoria tengan fuerza de ley y que las personas detenidas y sus defensores puedan recurrir a los tribunales para remediar las deficiencias en los cuidados de salud; y

- Revisar y mejorar las políticas que limitan el acceso a servicios no urgentes.

- Abstenerse de detener a mujeres que estén sufriendo los efectos de persecución o abuso, o que estén embarazadas o amamantando a infantes;

- Adoptar normas específicas relativas a los servicios de salud para mujeres, incluyendo los de salud reproductiva; y

- Prohibir que se engrillete a mujeres embarazadas.

PENA DE MUERTE NOOOOoooo

De acuerdo a datos de las ONG el 97 % de los delitos en México nunca se detiene a los responsables y solo el 3% se les aprehende en flagrancia.

¿¡ENTONES A QUIEN VAN A EJECUTAR ¡?

Por otra parte el Poder Judicial; México ocupa el vergonzoso 6° lugar en materia de corrupción de 67 países que fueron monitoreados.

Y a los pocos que agarran, luego los absuelven. Los jueces dicen que los del MP no integraron bien la averiguación; y estos a su vez dicen que los de bucles rubios no ejercitaron las facultades de corrección y bien pudieron si hubieran querido decretar mas pruebas de oficio para conocer la verdad de los hechos y esclarecer plenamente el delito, y sentenciaron un juicio que no estaba agotado. O sea mascara contra cabellera. Ninguno de los dos acepta la responsabilidad.

Artículo 150 CFPP.- …Según las circunstancias que aprecie el juez en la instancia podrá de oficio ordenar el desahogo de las pruebas que a su juicio considere necesarias para mejor proveer o bien ampliar el plazo de desahogo de pruebas hasta por diez días más.

Y así "Per Seacula Saeculorum. Amen”…

Lo mas probable es que con la pena de muerte ejecuten a la vecina que le echo la basura, a la muchacha que le dijo feo; a los de la oposición, etc. etc y para usted de contar, así, sin pena de muerte hay cientos de muertos ahora con ella se duplicara, esto será pura venganza publica. Y lo mas probable es que se ejecute a un INOCENTE


Denuncia Admnistía Interacional a México ante ONU

Denuncia AI a México ante la ONU por violación sistemática a Derechos Humanos
Las violaciones de derechos humanos en el país persisten de manera generalizada y, en algunas entidades, como una práctica sistemática.

Amnistía aseguró, en su reporte 2008 entregado hoy a la Comisión de Derechos Humanos de ONU, que la mayor parte de los responsables de esas violaciones seguía eludiendo la justicia y que, en diversas ocasiones, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes e incluso hirió a algunos de ellos.

Según los reportes de AI, en Oaxaca han continuado los abusos y, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, militares que realizaban funciones policiales mataron a varias personas y cometieron otras graves violaciones de derechos humanos.

La organización internacional sostiene que tampoco se han producido avances en cuanto a las medidas tomadas por el gobierno sobre el procesamiento de los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas en décadas anteriores, como fue el caso de la matanza estudiantil de 1968.

De acuerdo con los informes de Amnistía, las autoridades de diversas entidades hicieron un uso indebido del sistema judicial para que activistas políticos y sociales fueran objeto de procesos injustos.

Mientras que periodistas y defensores de derechos fueron víctimas de homicidio y amenazas.
En su reporte, AI indica que en México las comunidades indígenas y otros grupos desfavorecidos, como los migrantes, continúan sufriendo discriminación.

En tanto que la falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de una consulta legítima sobre los proyectos de desarrollo agravaron las desigualdades y dieron lugar a conflictos, y a las comunidades afectadas se les niega a menudo el acceso efectivo a la justicia.

Amnistía Internacional sostiene que México omitió señalamientos sobre el tema en su reporte anual ante la ONU y que tampoco admitió un empeoramiento del ambiente de los derechos humanos en muchas partes del país' ni el fracaso del gobierno en la solución del problema.

AI insiste en que desde que asumió el cargo a finales del 2006, el presidente Felipe Calderón ha enviado a decenas de miles de soldados a combatir a las violentas organizaciones del narcotráfico, pero que esas tropas han estado implicadas en al menos 50 casos de homicidios, violaciones, torturas y detenciones arbitrarias, hechos que habrían ocurrido entre enero de 2007 y junio de 2008.

Advierte que el gobierno de Calderón ha instituido nuevos procedimientos de entrenamiento y escrutinio para la policía, pero los resultados de los exámenes practicados a las corporaciones han sido decepcionantes, pues en noviembre pasado el gobierno informó que casi la mitad de los 375 mil agentes del país reprobaron en seguridad, en las pruebas psicológicas y en sus antecedentes para el cargo.

Destaca que a pesar de las reformas legales positivas, la violencia contra las mujeres continuó siendo generalizada y a la mayoría de las sobrevivientes se les negaba el acceso efectivo a la justicia.


Legalidad de la justicia en riesgo

El ejercicio del derecho reclama, de acuerdo con la ley, la tenencia de una cédula profesional con efectos de patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Esta disposición incluye, y con mayor razón, a quienes realizan funciones jurisdiccionales. Sin embargo, al parecer, no todos los juzgadores federales cuentan con ese indispensable documento. El problema no es menor. Veamos.
Primero. La falta de cédula profesional podría poner en riesgo un acto de autoridad realizado por un juez o magistrado, puesto que si hay un vicio de origen que no se puede reponer, dicho acto sería nulo. Y es posible aprovechar la ausencia de legalidad de un acto de autoridad –de por sí lenta y no expedita– para que la comisión de un delito quede impune. En el Poder Judicial de la Federación existe un área importantísima que se encarga de vigilar que estos eventuales hechos se sancionen o se verifique que los juzgadores cubran los requisitos de ley para realizar su tarea. Se trata del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). ¿Qué pasa, sin embargo, cuándo las labores de vigilancia del Consejo no son efectivas? Pone en jaque la certeza jurídica de las decisiones judiciales, generando una crisis en la impartición de justicia.
Segundo. De acuerdo con datos oficiales de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, existen 17 casos de jueces o magistrados que carecen de cédula profesional en derecho o cuentan con otras correspondientes a profesiones distintas. En otros 45 casos hay homonimias, por lo que no se pudo verificar si cuentan o no con la respectiva patente. En muchas ocasiones el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto en línea datos amplios de los juzgadores, incluyendo fecha de titulación, nombre de tesis y universidad. Al cruzar los datos de la SEP con los del Consejo de la Judicatura, en los 17 casos mencionados no pudieron obtenerse datos que revelaran un error por parte del Registro Nacional de Profesionistas de la SEP.
Tercero. Uno de esos casos es el de la juez de Distrito Laura Gutiérrez de Velasco Romo, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de México y coordinadora de jueces del Segundo Distrito. La Dirección de Profesiones de la SEP señaló en la respuesta número 129609 que en sus registros no aparece ella con cédula de abogada. De igual manera, en la ficha bibliográfica del portal del CJF (actualizado al 16 de agosto del 2007) no aparece fecha de graduación ni universidad donde cursó la carrera Gutiérrez de Velasco Romo.
Lo mismo ocurre con el magistrado Carlos Ronzón Sevilla, quien según la Dirección General de Profesiones de la SEP (respuesta 94609) no aparece en su base de datos como titular de cédula profesional en derecho. Este magistrado forma parte de la comisión investigadora de la Suprema Corte de Justicia sobre el incendio en la guardería ABC, que debe revisar los convenios de subrogación de servicios del IMSS y esclarecer quién emitió el permiso de uso de suelo para que funcionara la guardería, así como identificar posibles actos de negligencia médica. No obstante, en la ficha bibliográfica del CJF se indica que ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1983 y que de 1974 a 1979 estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, donde se tituló con la tesis "La necesidad de crear centros ejidales de capacitación y adiestramiento agropecuario”; obtuvo especialidad en derecho en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM en 1981, y consiguió una maestría y un doctorado allí mismo en 1983.
Cuarto. Por todo lo anterior, es conveniente que el Consejo de la Judicatura Federal publique en internet el número de cédula profesional de todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que, por mandato legal, deben contar con la patente respectiva. Esta medida tendría un efecto positivo no sólo para que el CJF realice sus labores de mejor manera, sino para que pueda ejercerse un riguroso escrutinio público sobre quienes imparten justicia federal en México. De la misma forma, permitiría que no se albergara duda alguna de que en este aspecto se cumple la ley y de que el Poder Judicial predica con el ejemplo.
ERNESTO VILLANUEVA
evillanueva99@yahoo.com
Tomado de la prestigiosa revista Proceso

Perú: Condena contra Fujimori es una victoria para derechos humanos

Abril 7, 2009
(Lima) - La condena impuesta el día de hoy al ex presidente del Perú Alberto Fujimori constituye un importante avance para promover justicia por las violaciones de derechos humanos en la región y en el mundo, señaló Human Rights Watch hoy.

Un tribunal integrado por tres jueces de la Corte Suprema de Perú determinó que Fujimori es culpable de graves violaciones de derechos humanos. El juicio, sostuvo Human Rights Watch, respetó las garantías del debido proceso y cumplió con los estándares internacionales que garantizan un juicio justo.

Luego de eludir la justicia durante varios años, Fujimori finalmente debe responder por algunos de sus delitos , señaló María McFarland, investigadora principal de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien se encontraba en la sala durante la lectura de la sentencia. Mediante esta sentencia y el desempeño ejemplar que tuvo durante el juicio, el tribunal peruano ha demostrado al mundo que ni siquiera los ex jefes de Estado pueden lograr que sus delitos queden en la impunidad .

Human Rights Watch señaló que esta emblemática decisión se da en el marco de una tendencia mundial hacia una mayor rendición de cuentas por parte de ex jefes de Estado. Pero la sentencia contra Fujimori es particularmente notable ya que, a diferencia de muchos otros casos, el sistema de justicia nacional de Perú demostró tener la voluntad, la capacidad y la independencia necesarias para juzgar a su ex presidente.

La sentencia se emitió luego de un prolongado juicio transmitido por televisión. El juicio, sostuvo Human Rights Watch, respetó las garantías del debido proceso y cumplió con los estándares internacionales que garantizan un juicio justo.

Fujimori fue condenado por el asesinato de 25 personas durante dos masacres distintas, ocurridas en 1991 y 1992 y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992. Las masacres fueron perpetradas por la unidad conocida como destacamento Colina, un escuadrón especializado integrado por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército.

En su informe de 2005, Presunción Fundada: Pruebas que comprometen a Fujimori, Human Rights Watch describió en detalle las numerosas pruebas que entonces vinculaban a Fujimori con el destacamento Colina y sus actividades. Las pruebas incluían extensos documentos oficiales y declaraciones que demostraban que el destacamento Colina no se trató de un operativo aislado, sino que funcionó como una estructura formal dentro del Ejército. Sus miembros recibían recursos y apoyo logístico de los más altos rangos del Ejército y del Servicio de Inteligencia Nacional, los cuales estaban totalmente bajo el control de Fujimori.

Durante el juicio, surgieron nuevas pruebas que evidenciaron que los asesinatos formaban parte de una estrategia de lucha contra la insurgencia que Fujimori creó y puso en práctica por medio de los servicios de inteligencia del país.

Human Rights Watch destacó que la sentencia de hoy cobra mayor relevancia debido a que Perú cuenta con antecedentes de autoritarismo y con un Estado de derecho deficiente. Durante una década, el gobierno de Fujimori recurrió al soborno, la extorsión y la intimidación para concentrar el poder en la presidencia, quebrantando el proceso democrático y eliminando la posibilidad que normalmente tienen el poder judicial, el poder legislativo y los medios de comunicación de controlar los abusos del gobierno. Fujimori será juzgado en forma separada por distintas acusaciones de corrupción, que también se describen en el informe Presunción Fundada.

Hasta hace pocos años, Fujimori tenía un control casi absoluto del poder judicial de Perú , señaló McFarland. La sentencia dictada por este tribunal es importante no sólo por su contenido, sino también porque demuestra el rol fundamental que puede tener un tribunal independiente para juzgar abusos cometidos en el pasado y fortalecer el Estado de derecho .

La condena dictada el día de hoy está sujeta a apelación ante la Corte Suprema.

Quisiéramos creer que el Tribunal continuará demostrando la misma transparencia e imparcialidad que aplicó durante la etapa del juicio , manifestó McFarland. Si es así, confiamos en que se mantendrá la condena .

Human Rights Watch




El Estado mexicano garantiza impunidad de policías agresores de mujeres en San Salvador, Atenco 

En abril de 2008 once mujeres denunciantes de tortura sexual, cometida durante los hechos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, presentaron a la CIDH una petición –acompañadas por el Centro Prodh y Cejil- con el fin de que este órgano declare que el Estado mexicano es responsable de las violaciones a sus derechos humanos, consistentes, entre otras, en privación ilegal de la libertad, tortura y falta de acceso a la justicia.

 

Dentro de este proceso por tortura sexual, el Estado mexicano ha mostrado continuamente su negativa al reconocimiento de los hechos y de toda responsabilidad en ellos, de manera similar a como ocurrió en el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, donde recientemente la Corte Interamericana acaba de fallar en favor de estas dos valientes mujeres. Al hacerlo exhibe el mismo desdén que lo ha caracterizado en materia de derechos humanos y el escaso compromiso que tiene respecto del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en el mismo ámbito.

 

El 10 de diciembre de 2009 la CIDH trasladó la petición al gobierno mexicano. Le concedió dos meses para presentar sus observaciones. Éste resolvió solicitar una prórroga que le fue concedida, sin embargo tampoco le bastó el nuevo periodo; lo que puso de manifiesto su reticencia a reconocer los hechos y violaciones alegadas en la petición.

 

Finalmente el 23 de julio fueron presentadas las observaciones; en ellas el Estado mexicano presenta su oposición a que sea declarada la admisibilidad del caso. Argumenta que las investigaciones se han conducido de una manera diligente y las denunciantes han tenido diversas vías y recursos legales disponibles, por lo tanto la justicia interamericana no debería conocer el presente caso; solicita, por lo tanto, que sea desechado.

 

Mediante este informe del Estado mexicano conocemos ahora que ya se absolvió por completo a los pocos policías que eran procesados por su participación en los hechos. Se perpetúa la impunidad cuyos orígenes se remontan a la errónea decisión de la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) que en julio de 2009 declinó la competencia a favor de las instancias del Estado de México, entidad donde los sistemas de procuración y administración de justicia se han caracterizado por su sujeción al Poder Ejecutivo local y por la descalificación de las víctimas de violaciones de derechos humanos argumentado razones de orden público.

 

La forma en que el Estado mexicano ha procedido en el presente caso agrava las condiciones que obstaculizan el acceso a la justicia en el país, no sólo a las 11 mujeres denunciantes de tortura sino a quienes han sido víctimas de abusos permitidos, y aun impulsados, por las autoridades. Es relevante al respecto que en los pasados días la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya condenado al Estado mexicano por la tortura sexual cometida por militares contra Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Debe recordarse que durante la audiencia ante la Corte la representación del Estado mexicano pidió a los jueces que desestimaran las acusaciones por violación y tortura atribuidos a los soldadosa scjn ni el poder judicial en conjunto jamás han condenado a nadie por violación a los derechos fundamentales en especial en respetar la vida de sus opositores y periodicamente se siguen dando carnicerías, en contra de ciudadanos, que también son mexicanos y tiene derecho a la vida, a la Vida que en México no se respeta.

PRODH

MIGUEL AGUSTIN PRO JUAREZ A.C.

Nuevas sentencias de la Corte IDH contra el Estado mexicano

El pasado 05/Oct/2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó a los representantes de Inés Fernándes y Valentina Rosendo las dos sentencias en las que condena al Estado mexicano por las violaciones sexuales que sufireron ambas indígenas me´phaa en 2002. La Corte señala que el Estado mexicano debe reparar los daños íntegramente, garantizar la seguridad futura de Inés y Valentina, castigar a los responsables en la justicia civil y adecuar la legislación y práctica interna en torno a los tratados internacionales para que lo sucedido a Inés y Valentina no vuelva a suceder.

 

Estas sentencias son primordialmente un reconocimiento a la búsqueda de justicia de las mujeres indígenas me´phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo y al importante trabajo jurídico que desarrollaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) que representan a ambas mujeres.

 

Las sentencias reconocen como hecho incontrovertible que Inés y Valentina fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados del Ejército mexicano Estado mexicano en las comunidades de Barranca Bejuco y Barranca Tecuani, ubicadas en el municipio de Ayutla de Los Libres, en la Costa-Montaña de Guerrero y que el Estado mexicano les negó la justicia. Cabe recordar que la posición del Estado en el litigio de estos casos había sido la de negar la violencia sufrida por las víctimas y, con ello, poner en entredicho la veracidad de su testimonio.

 

Ambas sentencias establecen que, al no procurar justicia en ambos casos y garantizar la impunidad de los responsables –que actualmente están siendo investigados por el fuero militar- el Estado es directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de Ias víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales y a la protección judicial. También ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales. De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado.

 

Las sentencias señalan que el Estado debe reparar el daño integralmente, involucrando a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes, de tal forma que la voz de las víctimas sea escuchada. Fundamentalmente, las medidas ordenadas por la Corte se relacionan con: la investigación eficaz de las violaciones sexuales y el procesamiento de los militares responsables en la justicia civil, en condiciones de seguridad para las víctimas; realización de procedimientos disciplinarios para los funcionarios que, con su negligencia, obstaculizaron el avance de las investigaciones; la reparación material del daño; y, la garantía de que hechos similares no vuelvan a suceder a otras mujeres, mediante la provisión de servicios médicos adecuados para mujeres víctimas de violencia sexual; la continuación en la estandarización de un protocolo de actuación respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales; y la capacitación de funcionarios.

 

Desde el Centro Prodh nos congratulamos por el importante logro de estas dos mujeres indígenas, mismo que es una invaluable aportación de su parte a la lucha por los derechos humanos en nuestro país.

Libertad Justicia Igualdad

1968-1971-1995... NO MAS CRIMENES DE ESTADO, QUEREMOS DEMOCRACIA TENEMOS DERECHO A NO ESTAR DE ACUERDO Y SEGUIR CONSERVANDO LA VIDA.




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